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Las víctimas rechazan la presencia de ETA bajo cualquier subterfugio o disfraz. «Ni bajo las siglas de Sortu, ni a través de agrupaciones electorales, ni ‘‘empotrada’’ en ningún partido legal» aceptan su regreso a las instituciones. «No aceptamos ni el plan A ni el plan B de las agrupaciones ni el plan C de Eusko Alkartasuna y los autodenominados polos soberanistas», destacan.

También rechazan los apaños penitenciarios que tienen por objetivo reducir el tiempo de prisión de los asesinos de ETA hurtando así a las víctimas su derecho a la Justicia.

«La unión hace la fuerza»
Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco asegura que ha sido muy importante aunar las voluntades de todas las asociaciones. «La unión hace la fuerza y en esta ocasión es la consecuencia lógica de ese consenso que firmamos en un manifiesto en el mes de noviembre». Por su parte, José María Morales, presidente de la Asociación de Víctimas en la Región de Murcia destaca que «cada uno hemos dejado de lado nuestras particularidades por un mismo fin: la derrota de ETA». «Ellos tienen muchas marcas, pero hasta que no sea firme su condena contra el terrorismo no hay que dejarles entrar en las elecciones. Deberán pasar por lo menos cuatro años sin que concurran para comprobar si lo que dicen es verdad».

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La Asociación de Víctimas del Terrorismo(AVT) y otras siete asociaciones y fundaciones de víctimas han convocado una manifestación para el próximo 9 de abril en Madrid en contra de “la vuelta de ETA a las instituciones” y de la salida de terroristas de la cárcel mediante “apaños” penitenciarios.

“No aceptamos ni el plan A de Sortu, ni el plan B de las agrupaciones, ni el plan C de Eusko Alkartasuna”, ha advertido la AVT en un comunicado suscrito también por Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y las asociaciones de víctimas de Canarias, La Rioja y Murcia.

Las asociaciones y colectivos de víctimas decidieron en una reunión celebrada el martes dar una respuesta contundente a las intenciones de la organización terrorista para estar presente en las elecciones y decidieron convocar a los ciudadanos para salir a la calle a exigir que se ponga freno a la banda.

Las víctimas alertan de que el regreso de ETA a las instituciones supondría “un paso terrible, en la peor dirección”, porque “liquidaría” las esperanzas de derrotar a la banda terrorista y han reclamado “menos retórica y más claridad”, “menos cálculo y más determinación”.

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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) afirmó este miércoles, en referencia al nuevo partido de la izquierda abertzale Sortu, que no se debe permitir la presencia de terroristas en las instituciones y confió en que la justicia actúen contra la nueva formación política y no permita que concurra a las próximas elecciones municipales y forales.

“Aunque intenten transformarlo, ETA acecha y se vuelve a hacer presente en la escena política sin desvelar ninguna incertidumbre, sino, al contrario, acrecentando y confirmando su nueva presencia poniendo nombre a un nuevo partido que si en su sola expresión nada significa, nos altera con nuevos pánicos renovados”, indica Covite en un comunicado.

La organización de víctimas destaca el hecho de que Sortu, que “se presenta con unos estatutos aparentemente respetuosos con los requisitos legales”, no hace mención al pasado terrorista de ETA y a sus más de 800 víctimas mortales, además de heridos, amenazados y extorsionados.
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El presunto miembro de la banda terrorista ETA, Arturo Cubillas, negó en una entrevista publicada este martes haber tenido relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o haber dado cursos de explosivos en Venezuela.

Cubillas, quien está en Venezuela desde 1989, sostuvo la versión de que la acusación que hicieron en su contra dos activistas de ETA fue obtenida mediante tortura por la policía española. “Nunca he dado cursos de manejo de explosivos y, por cierto, nunca he estado en Guasdualito (en el estado sureño de Apure”, dijo al diario oficialista “Ciudad CCS”.

Indicó que los miembros de ETA que aseguraron haber recibido entrenamiento en Venezuela, Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, denunciaron haber declarado “bajo tortura” ante un juez español.

Indicó que el abogado de los dos hombres manifestó que les obligaron a aprenderse de memoria una declaración en la que decían que habían estado en Venezuela entrenando y “fueron torturados para que lo hicieran”.

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Toñi Santiago, la madre de la niña asesinada por ETA hace 8 años en Santa Pola, denunció ayer los “gestos de favor” que el Gobierno hace con varios presos terroristas. Santiago aseguró que al presunto asesino de su hija se le ha permitido hacer “una videoconferencia a otro etarra de otra cárcel, concretamente a su padre, sin ningún tipo de problema cuando esto sólo se hace en juicios”. La víctima se refería al etarra Óscar Celarain, que habló por videoconferencia con su padre Peio Celarain.
En el atentado con coche bomba de Santa Pola murieron la niña, que tenía seis años y era hija de un guardia civil, y un hombre de 57 años que esperaba el autobús. Ayer por la tarde se realizó un homenaje a las víctimas del terrorismo y en concreto a la niña en la plaza de la Diputación en Santa Pola a las 20.00 horas, coincidiendo con el octavo aniversario del atentado.
En declaraciones a la cadena COPE, Toñi Santiago criticó “el maltrato psicológico” del Gobierno hacia las víctimas y censuró que “después de 8 años” el asesino de Silvia Martínez “sigue sin ser juzgado” por el atentado de Santa Pola.
También, atacó a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, por dar “un aprobado” al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, Santiago le da a Rubalcaba “un suspenso”. “Zapatero tiene otro” señaló, y “la presidenta en este caso de la AVT” otro más.

Fuente: levante-emv.com

MURCIA- Era el día 27 de junio de 1960. Begoña Urroz, una niña de apenas 18 meses moría a causa de las graves heridas que le había provocado el estallido de un explosivo instalado en la Estación de Amara de San Sebastián. Ayer se cumplieron 50 años desde esta luctuosa jornada que supuso el inicio sangriento de la banda terrorista ETA.
La Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (Amuvite) organizó un acto en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. En casi todas las capitales españolas se desarrollaron jornadas que hacían mención y reconocimiento al aniversario de la muerte de la pequeña Begoña.

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La nueva ley de víctimas del terrorismo reconocerá a todos los herederos de los asesinados una indemnización mínima de 250.000 euros, que podrán reclamar todos los afectados por atentados desde 1960 aunque no haya recaído sentencia sobre su caso. La norma, que se presentará como proposición de ley en el Congreso con el apoyo de todos los grupos, establece también el tope máximo que se compromete a asumir el Estado cuando el terrorista se declare insolvente.

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La nueva ley de víctimas del terrorismo tendrá efectos retroactivos: podrá aplicarse a actos cometidos a partir del 1 de enero de 1960 según la futura norma que en forma de proposición de ley están pactando el PSOE y el Partido Popular en el Congreso y negociando con el resto de los grupos parlamentarios, y que incluye también, como se había anunciado y como habían pedido los colectivos de afectados, la consideración de las personas amenazadas como víctimas -un policía en el País Vasco que una mañana encuentra una pintada en su casa; un guardia civil que encuentra su coche rajado; un empresario extorsionado…-. En plena polémica entre populares y socialistas -y, en el caso de estos últimos, entre ellos mismos- sobre la posible legalización de la izquierdaabertzale si se desmarca definitivamente de ETA, las víctimas constituyen un punto de acuerdo entre ambos partidos en materia antiterrorista.

Organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se reunieron ayer en el Congreso con el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y con los diputados Antonio Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Las asociaciones han tenido acceso a la exposición de motivos de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y a un guión del texto normativo que se está ultimando y que se presentará el próximo jueves; también les han explicado las líneas maestras de la reforma legal, que podría aprobarse durante el primer semestre del próximo año.

La retroactividad hasta 1960 se ha incluido por la muerte de un bebé de 22 meses el 27 de junio de ese año tras la explosión de una maleta incendiaria colocada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. La banda terrorista nunca asumió la autoría del atentado. La primera víctima oficial de la banda terrorista es el guardia civil José Pardines Arcaya, de 25 años, el 7 de junio de 1968, año desde el que aplica la protección la ley vigente, de 1999.

La nueva norma unificará las prestaciones e incrementará su importe, según indica la exposición de motivos de la ley. El texto consagra también derechos en el ámbito del proceso penal. Las víctimas no se verán obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y habrá una oficina de apoyo a las víctimas en la Audiencia Nacional.
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El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, considera que no existe una negociación abierta entre el Gobierno y la organización terrorista ETA y ha pedido que, si hay pruebas, se saquen a la luz.

Según una información publicada por EL MUNDO el lunes, existen documentos incautados a dirigentes de ETA en los que éstos sostienen que se mantiene “abierta” la ‘vía Txusito’, en referencia a un “cauce de comunicación” con el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó este extremoy por contra añadió que en ese documento intervenido a ETA, la banda asegura que hay “más opciones y garantías” de negociar con el Partido Popular que con el PSOE.

“Creo que es muy importante la pregunta, voy a contestar que creo que no, si hay pruebas que las saquen”, afirmó este martes García Casquero preguntado sobre las posibilidades de un diálogo con la banda terrorista y la amenaza del PP de romper el pacto entre socialistas y ‘populares’ en el Gobierno vasco.

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Unas 150 víctimas del terrorismo de ETA, del 11-M y del Grapoprocedentes de toda España, en su mayoría de Andalucía, se darán cita hoy, 12 de mayo, en la IV Jornada de ‘Universitarios con las Víctimas del Terrorismo: Memoria, Dignidad y Justicia’, organizada por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

El acto tendrá lugar en las instalaciones CES Cardenal Spínola CEU que la Fundación San Pablo Andalucía CEU posee en la localidad sevillana de Bormujos y contará con la presencia del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; y la eurodiputada ‘popular’ y víctima del terrorismo, Teresa Jiménez-Becerril; las diputadas socialistas autonómicas Antonia Moro y Pilar Navarro; la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar; entre otros.
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