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LA justicia británica ha dado un primer paso para la extradición a España del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos al aceptar que el delito que le imputa la Audiencia Nacional está también previsto por la legislación antiterrorista del Reino Unido. Aunque parezca una cuestión sobreentendida, no lo era. El juez Thomas Burgess ha salvado un escollo fundamental en el proceso de entrega del terrorista, porque da por confirmada la doble incriminación -en España y en Gran Bretaña- del delito de enaltecimiento del terrorismo. La defensa del etarra se apoyaba en el carácter meramente político de los hechos imputados, que consistieron en la lectura de un mensaje atribuido a De Juana durante un acto de homenaje en San Sebastián celebrado con motivo de su excarcelación. La trascendencia de la decisión del juez Burgess es superior a la que aparenta, porque confirma que la libertad de expresión no ampara apoyos a la violencia terrorista y que en el espacio europeo ya no existen delitos de opinión ni el terrorismo es un delito disculpable por razones políticas.

Finalmente habrá o no extradición, pero esta primera batalla legal la ha perdido ETA y la ha ganado el Estado español, gracias al tesón del juez Eloy Velasco, quien ha remitido todos los documentos que la justicia británica requería en cada momento para tomar la decisión que abre las puertas a la entrega de De Juana. La cooperación judicial en este caso se produce, además, en un momento crítico para el proceso de paz en Irlanda del Norte, donde ya han sido asesinados dos militares y un policía por una escisión del IRA, y con ETA instalada en su estrategia de atentados y amenazas, aunque debilitada por la eficacia policial. Estos actos de violencia criminal son advertencias ineludibles para que los Estados mantengan la guardia alta contra el terrorismo, sin caer en el error de debilitar sus respuestas sólo por el mero paso del tiempo o por facilitar procesos de negociación que, aun en el mejor de los casos, dejan heridas abiertas en las víctimas y frentes mal cerrados, por los que retornan los criminales irreductibles. Hasta que De Juana sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional, si esto sucede finalmente, pasarán varios meses en los que su defensa podrá presentar una cadena de recursos. Lo importante es que el Gobierno y la Justicia españoles mantengan la tensión para que este etarra responda del delito que se le imputa y, en la medida de lo posible, se compense aquella humillante cesión al chantaje de su huelga de hambre.

Fuente: abc.es