Jul 21 2008
Interior crea una unidad para el control del patrimonio de los terroristas excarcelados
El Ministerio de Interior creará en breve una unidad especial que tendrá como función vigilar el patrimonio de los etarras una vez que cumplan condena y salgan en libertad, con el objetivo de que no eludan el pago de las indemnizaciones económicas a sus víctimas, según avanzó a el director general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes. Este grupo de trabajo pretende evitar situaciones como las del etarra Kandido Aspiazu, que regentaba una cristalería en Azpeitia bajo la casa de la viuda de una de sus víctimas sin haber satisfecho las indemnizaciones establecidas en la condena, o la del propio Iñaki De Juana, cuyos bienes se están investigando en la Audiencia Nacional.
Según Rodríguez Uribes, la unidad realizará un seguimiento «sistemático» de las situaciones patrimoniales de los condenados por terrorismo que hayan quedado en libertad «de forma que exista una alerta ante cualquier cambio en la situación económica de aquellos condenados que no hayan hecho frente a los pagos que deban realizar por responsabilidad civil».
El director general reconoció que su trabajo será «muy complicado» ante las diferentes administraciones implicadas en este tipo de cuestiones. No obstante, la intención del ministerio es contar con un mecanismo «mucho más vigilante, organizado y previsor» que permita detectar aquellos casos en que la insolvencia que se alegó ante los tribunales ha variado.
Una muestra de las dificultades para conseguir datos sobre la solvencia económica de los afectados es la del propio Kandido Aspiazu, cuyo caso fue examinado por la Fundación de Víctimas. Una vez que se supo que estaba trabajando la cristalería, en 2005, la abogacía del Estado solicitó a las haciendas forales de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, así como a las oficinas tributarias y a la Dirección General de Tráfico todos los datos sobre la situación patrimonial del etarra. Durante más de un año, los letrados no recibieron ninguna respuesta. El proceso para cobrar parte de la indemnización no pudo concluir hasta casi tres años después, ya que fue la semana pasada cuando se subastó el 50% de la cristalería, que estaba a nombre de Aspiazu. El número de condenados por terrorismo que han satisfecho las indemnizaciones establecidas por la condena se desconoce, aunque, según todas las fuentes, la cifra sería ridícula. Según la Fundación de Víctimas del Terrorismo en 2006, sólo un miembro de la banda, José María Gotilla Unzurrunzaga, había pagado 12.000 euros después de que su vivienda hubiera sido embargada.
De la misma forma, existen algunos embargos de participaciones de la empresa Sokoa, investigado en Francia por financiación de ETA, aunque el caso se encontraba en tramitación en un juzgado de la Audiencia Nacional. Asimismo, un miembro del GRAPO, Félix Novales, cumplió su condena y mostró su arrepentimiento, dentro del cual incluyó el pagar la indemnización con parte del valor de su domicilio. Fuentes del Ministerio de Interior han señalado, no obstante, que en los últimos dos años sí que se han producido más embargos -en casos como el de un etarra que tenía a su nombre una moto, por ejemplo- aunque las cantidades recuperadas son minúsculas.
Según fuentes judiciales, el problema de las indemnizaciones incluidas en las condenas tiene su origen en que la mayoría de los terroristas condenados se declara insolvente. Sin embargo, una vez que se cumple la condena y el terrorista abandona la prisión apenas hay instrumentos de seguimiento. Además, muchos de los condenados cobran sueldos que se encuentran en el umbral del salario mínimo interprofesional, lo que no permite llevar a cabo un embargo. Las citadas fuentes consideran que esta forma de proceder, y el registrar cualquier bien que adquieran a nombre de familiares, son estratagemas que dificultan la acción de la Justicia.
Uno de los factores que, de manera subjetiva, influye en esta situación es que las víctimas cobran toda la indemnización aunque el etarra no haga frente a la sanción económica. La Ley de Solidaridad aprobada en 1999 ya decretó que las indemnizaciones fijadas por los tribunales fueran adelantadas por el Estado y quedaran pendientes de recuperación. En las últimas décadas, se han pagado un total de 430 millones de euros por este concepto a los afectados.
Recuperar dineroPara el director general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, uno de los conceptos más claros en este terreno es «que ninguna víctima va a dejar de cobrar su dinero pese a que el terrorista se declare insolvente, ya que el Estado adelanta todo el dinero». Rodríguez Uribes insiste, en este sentido, que las investigaciones patrimoniales sobre los etarras «permitirán recuperar un dinero que ya ha sido gastado, pero se tratará de cantidades de las que se dispondrá para nuevas necesidades de las víctimas, puesto que los afectados ya han recibido toda la compensación establecida».
Rodríguez Uribes destacó que la creación de la oficina de seguimiento de la situación patrimonial de los etarras no es nueva ya que en 2005, el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo envió una circular a las Fiscalías para que se realizar un control sobre la situación económica de los condenados. Para el director general, estas pesquisas no suponen ningún tipo de persecución a los condenados que impida su reinserción.
«El pago de las indemnizaciones forma parte de la condena, de la misma forma que el cumplimiento de los años de cárcel establecidos en la pena u otras cuestiones añadidas como las órdenes de alejamiento».
Fuente: Eldiariomontanes.es