La Audiencia Nacional ordenó ayer la disolución de Gestoras Pro-amnistía, la organización de apoyo a los presos de ETA, y condenó a 21 de sus principales dirigentes a penas de 8 a 10 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista. Los magistrados sólo absolvieron a seis de los procesados.
La Sección Cuarta de lo Penal, tras tres meses de deliberaciones, declaró asociaciones ilícitas tanto a Gestoras como a su sustituta desde 2001, Askatasuna, por considerar que son «organizaciones terroristas» que actúan «bajo la dependencia y las órdenes» de ETA y que contribuyen de forma coordinada al fin último de la banda, «subvertir el orden constitucional y derrocar a España en el territorio del País Vasco».
Gestoras es la cuarta organización satélite de la banda descabezada e ilegalizada por la Audiencia Nacional, después de que hayan sido disueltas Jarrai, dirección juvenil de la ‘kale borroka’; KAS/EKIN, el ‘frente político y social’ de ETA, y Xaki, su ‘aparato internacional’.
Las siguientes organizaciones en el punto de mira del tribunal antiterrorista son ‘Udalbiltza-Kursaal’, la asamblea de responsables municipales de la izquierda ‘abertzale’, y los presuntos integrantes del ‘frente institucional’ de la banda: Batasuna, ANV y PCTV.
La sentencia señala que Gestoras y Askatasuna tenían como principales encargos controlar y garantizar la obediencia a ETA de todos los presos y huidos de la organización y crear en el País Vasco el clima social necesario para mantener el apoyo a la banda terrorista, justificar la persistencia de sus atentados y asesinatos y facilitar la regeneración de los comandos con nuevos adeptos con la conversión de los terroristas detenidos o muertos en «héroes».
Señalar enemigos
Dentro de esta estrategia terrorista, Gestoras era desde 2005 la punta de la lanza de la campaña ‘Alde Hemendik’ (Fuera de aquí), destinada a lograr el acoso y el aislamiento social de las fuerzas de Seguridad del Estado y de los militares, y la organizadora de las ruedas de prensa, comunicaciones internacionales, manifestaciones o jornadas de lucha que denunciaban la tortura a los etarras detenidos, las supuestas vejaciones en las cárceles y el establecimiento de un estado de excepción por parte del Gobierno en el País Vasco.
El tribunal considera que a las organizaciones disueltas también les correspondía «señalar públicamente» a «toda persona, grupo, organización y partido político» que se opusiese a los objetivos de ETA; policías, políticos, jueces, funcionarios de prisiones, y periodistas, en su mayoría.
Los magistrados no creen que marcaran los objetivos para los atentados, que es una tarea específica de los ‘comandos’ de ETA, pero sí que facilitaban la justificación social ante un eventual atentado. Tampoco encontraron pruebas de que Gestoras coordinara las actuaciones de la ‘kale borroka’ ni de que contribuyera de manera directa a la captación de nuevos miembros de ETA.
La sentencia reserva las tres mayores condenas, diez años de cárcel, para los dos principales portavoces de Gestoras, Juan María Olano y Julen Zelarain, y para el miembro de su dirección nacional Aitor Ángel Jugo.
El tribunal considera que no son dirigentes de ETA y se limitaban, como los demás, a ejecutar órdenes de la banda, pero eran los que «marcaban las pautas», los que tenían «mayor predicamento», los «referentes». Al resto de los 18 condenados les impone ocho años de cárcel.
Tras la lectura pública de la sentencia, la sala ordenó el encarcelamiento inmediato de Olano, Zelarain, Jugo y de otros diez condenados para evitar que huyan mientras que el Tribunal Supremo resuelve los recursos. Uno de los penados, Joseba Iñaki Reta, quedó en busca y captura porque no acudió a la sala de vistas de la madrileña Casa de Campo, en la que se leyó la sentencia.
Los ocho condenados a los que el tribunal dejó en libertad provisional ya habían cumplido casi cuatro años en prisión preventiva, por lo que no pueden seguir en la cárcel mientras la condena no sea firme. No obstante, la sala, a petición del fiscal Javier Zaragoza, les obligó a comparecer en la comisaría más próxima todos los lunes y viernes, les retiró el pasaporte, y les prohibió salir de España.
Fuente: Larioja.com
