Terrorismo.com

Ciudad Victoria (México), 28 jun (EFE).- La fiscalía de Tamaulipas, en el noreste de México, dijo hoy que en el ataque armado en el que murió el candidato del PRI al gobierno de ese estado murieron otras cuatro personas.

Tras el suceso se informó de que junto al candidato, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y favorito en las encuestas, habían sido asesinadas seis personas más.

El procurador de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, precisó en rueda de prensa que en el ataque murieron cinco personas: Torre Cantú, el diputado local Enrique Blackmore Smer, y los guardias de seguridad Luis Gerardo Sotero, Rubén López Zúñiga y Francisco David López Catache.

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MURCIA- Era el día 27 de junio de 1960. Begoña Urroz, una niña de apenas 18 meses moría a causa de las graves heridas que le había provocado el estallido de un explosivo instalado en la Estación de Amara de San Sebastián. Ayer se cumplieron 50 años desde esta luctuosa jornada que supuso el inicio sangriento de la banda terrorista ETA.
La Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (Amuvite) organizó un acto en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. En casi todas las capitales españolas se desarrollaron jornadas que hacían mención y reconocimiento al aniversario de la muerte de la pequeña Begoña.

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Las autoridades bosnias han detenido a varias personas por su presunta conexión con el atentado con bomba frente a una comisaría de la ciudad de Bujono de este sábado, en el que murió un policía y otros cinco resultaron heridos, según informó el portavoz de la Fiscalía, Boris Grubesic, que sin embargo, no confirmó si uno de los detenidos es adepto de una secta islamista, tal como especula la prensa local.

“Es un acto de terrorismo y planeamos detener a todos los individuos vinculados con el caso”, declaró Grubesic, que sin embargo no confirmó las informaciones de los medios locales que señalan que uno de los detenidos es seguidor de una secta radical musulmana wahabista que activa en Bosnia durante los últimos años. “Tendremos más detalles cuando se cierren las investigaciones”, concluyó.

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Acudir a visitar a un preso a una cárcel cuando mantienes cuentas pendientes con la Justicia se puede considerar un descuido o una osadía. En cualquier caso, un éxito más para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto es lo que le ocurrió ayer a Miren Arantzazu Gangoiti Asolo, una persona cercana a la banda terroristas ETA a quien no le importó desplazarse a un centro penitenciario pese a sus antecedentes.
La joven fue a visitar a un etarra a la cárcel de Castellón, el centro más pequeño de la Comunitat. En la provincia se encuentran cerca de 25 presos de la banda terrorista contando también el centro de Albocàsser. En la cárcel de Picassent, el número de internos es muy similar. De hecho, Instituciones Penitenciarias siempre intenta mantener más o menos esa cifra.
Las visitas de familiares y amigos a los presos etarras se repiten todos los fines de semana. Incluso desde el País Vasco, grupos de apoyo a los terroristas organizan viajes a las diferentes prisiones. La mayoría de internos de ETA se encuentran recluidos en cárceles alejadas del País Vasco, medida en el marco de la lucha antiterrorista.
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La nueva ley de víctimas del terrorismo reconocerá a todos los herederos de los asesinados una indemnización mínima de 250.000 euros, que podrán reclamar todos los afectados por atentados desde 1960 aunque no haya recaído sentencia sobre su caso. La norma, que se presentará como proposición de ley en el Congreso con el apoyo de todos los grupos, establece también el tope máximo que se compromete a asumir el Estado cuando el terrorista se declare insolvente.

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La policía de Irlanda del Norte ha detenido esta noche en Belfast al etarra Fermín Vila Michelena, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista. El presunto etarra estaba en activo y realizaba en la actualidad labores de logística para la banda.

Estas mismas fuentes han precisado que la operación ha sido posible gracias a la colaboración de la Guardia Civil española. Varios agentes del Servicio de Información se desplazaron hasta Belfast para colaborar en la investigación, que ahora trata de averiguar si Vila Michelena vivía junto con otros miembros de ETA en la citada localidad.

Nacido en 1970 en Irún (Guipúzcoa), Vila Michelena figuraba como uno de los etarras más buscados en la primera lista de terroristas de la UE difundida en 2001. Asimismo, está incluido en la lista de terroristas de EEUU de 2002. Con anterioridad a su integración en los comandos de la banda terrorista, Vila Michelena fue miembro de EKIN, responsable de EUDIMA (Mancomunidad de Ayuntamientos Vascos Insumisos) y miembro del proyecto de “desobediencia” de ETA-EKIN.

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El narco jamaicano más buscado ya ha pasado a manos de la justicia estadounidense. El Gobierno de su país ha extraditado a Christopher Dudus Coke a EE UU, después de que éste renunciara a su derecho a tener una vista judicial sobre su traslado al país norteamericano, donde será juzgado en Nueva York en un tribunal federal por los cargos de tráfico de armas y drogas y por ser el presunto cabecilla de la banda conocida como Shower Posse, considerada responsable de cientos de asesinatos entre la década de los ochenta hasta el presente.

Según las autoridades jamaicanas, Dudus subió ayer por la tarde (madrugada de hoy en España) a un avión rumbo a Nueva York acompañado por agentes del servicio US Marshal, encargado de custodiar a prisioneros que despegó del aeropuerto internacional Norman Manley, en Kingston. Cuatro horas después llegó a su destino entre fuertes medidas de seguridad. El traficante renunció a su derecho a apelar la extradición en una breve sesión judicial ante la juez Georgianna Fraser, en la base militar Mobile, cerca a la capital jamaicana.

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La llamada de un informante anónimo al diario Gara, avisando de la colocación de cuatro bombas en vías de tren y carreteras del área metropolitana de Valencia, mantuvo en jaque durante horas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que desplegaron un espectacular dispositivo de búsqueda que se prolongó durante buena parte del día ante la amenaza de un atentado inminente de la banda terrorista ETA.

La información proporcionada, que resultó ser falsa, daba cuenta de la colocación de artefactos en la V-30 (una de las principales circunvalaciones de Valencia), en la CV-35 (uno de los tres accesos más transitados), en la línea férrea que comunica Madrid con Valencia y en las vías situadas entre Manises y la capital, que en este caso pertenecen a la red de metro.

El informante llamó a las 12.15 horas a la redacción del diario, y dijo que algunas de las bombas habrían explotado o que lo harían en los próximos minutos. Pero no sucedió nada. Además, según informó un portavoz del periódico a Europa Press, aunque se despidió con una consigna habitual de los terroristas -«Gora Euskadi Askatuta» (Viva Euskadi Libre)- no se identificó como miembro de la banda.

El aviso fue suficiente para que decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil peinaran las inmediaciones de las zonas señaladas como objetivos. Apenas habían pasado 20 minutos desde la llamada y ya se podían ver agentes inspeccionando los arcenes y los puentes de la CV-35 entre Llíria y Valencia o vigilando las vías del tren en su acceso a la capital, por donde pasan la mayoría de convoyes que a diario salen o entran en la ciudad. Los trabajos incluyeron también las obras de la línea de Alta Velocidad a la altura de Valencia. Trampillas, cajas de registro, bolsas de plástico y zonas de vegetación fueron minuciosamente registradas.

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La nueva ley de víctimas del terrorismo tendrá efectos retroactivos: podrá aplicarse a actos cometidos a partir del 1 de enero de 1960 según la futura norma que en forma de proposición de ley están pactando el PSOE y el Partido Popular en el Congreso y negociando con el resto de los grupos parlamentarios, y que incluye también, como se había anunciado y como habían pedido los colectivos de afectados, la consideración de las personas amenazadas como víctimas -un policía en el País Vasco que una mañana encuentra una pintada en su casa; un guardia civil que encuentra su coche rajado; un empresario extorsionado…-. En plena polémica entre populares y socialistas -y, en el caso de estos últimos, entre ellos mismos- sobre la posible legalización de la izquierdaabertzale si se desmarca definitivamente de ETA, las víctimas constituyen un punto de acuerdo entre ambos partidos en materia antiterrorista.

Organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se reunieron ayer en el Congreso con el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y con los diputados Antonio Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Las asociaciones han tenido acceso a la exposición de motivos de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y a un guión del texto normativo que se está ultimando y que se presentará el próximo jueves; también les han explicado las líneas maestras de la reforma legal, que podría aprobarse durante el primer semestre del próximo año.

La retroactividad hasta 1960 se ha incluido por la muerte de un bebé de 22 meses el 27 de junio de ese año tras la explosión de una maleta incendiaria colocada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. La banda terrorista nunca asumió la autoría del atentado. La primera víctima oficial de la banda terrorista es el guardia civil José Pardines Arcaya, de 25 años, el 7 de junio de 1968, año desde el que aplica la protección la ley vigente, de 1999.

La nueva norma unificará las prestaciones e incrementará su importe, según indica la exposición de motivos de la ley. El texto consagra también derechos en el ámbito del proceso penal. Las víctimas no se verán obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y habrá una oficina de apoyo a las víctimas en la Audiencia Nacional.
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El Tribunal Supremo estadounidense emitió una sentencia en la que ratifica la constitucionalidad de las leyes que persiguen el “apoyo material” a organizaciones extranjeras que el Gobierno considere terroristas. El caso fue remitido al Supremo a petición del Gobierno después de que un tribunal californiano respaldara las relaciones de una ONG estadounidense con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, mantiene así la vigencia de una de las disposiciones de la Ley Patriótica de 2001, considerada fundamental por la Administración de Barack Obama, a pesar de que grupos de derechos civiles creen que supone una violación de la libertad de expresión de los ciudadanos americanos que quieran apoyar las actividades no violentas de cualquiera de estos grupos.

Así, se podrá seguir persiguiendo a cualquiera que preste “cualquier tipo de servicio, adiestramiento, asesoramiento experto o ayuda” a una organización terrorista extranjera y condenándole a penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

“Proporcionar apoyo material a grupos terroristas extranjeros en cualquier forma favorece el terrorismo tensando las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y socava los esfuerzos de cooperación entre las naciones para evitar atentados terroristas”, explica el juez John Roberts.

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