May 21 2008
Detenido en Andoain el ex alcalde de EH José Antonio Barandiaran en relación con las detenciones de ETA en Burdeos
La Guardia Civil ha detenido hoy en la localidad guipuzcoana de Andoain al ex alcalde de Euskal Herritarrok (EH) de esta localidad guipuzcoana José Antonio Barandiaran Ezama en relación con la operación desarrollada en Burdeos (Francia) contra la cúpula de ETA.
Según han informado fuentes de la lucha antiterrorista, Barandiaran habría sido arrestado por haberse reunido con los miembros de ETA detenidos en Francia.
El ex alcalde de Andoain José Antonio Barandiarán, fue condenado a siete años de inhabilitación por comprar con fondos públicos un ordenador para un dirigente de ETA encarcelado en Francia.
El tribunal le consideró culpable de un delito de prevaricación, pero le aplicó la atenuante de haber devuelto el dinero al consistorio.
El ordenador, que costó 2.0557 euros, fue pagado con fondos municipales que fueron en regados a los familiares del ex jefe del “aparato logístito” etarra Asier Oiartzabal Txapartegi, “Baltza”, que se encuentra encarcelado en Francia desde septiembre de 2001.
Los familiares de Asier Oiartzabal le compraron un ordenador y remitieron posteriormente la factura al consistorio. El asunto fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos de Ayuntamiento el 19 de mayo de 2003 y posteriormente en la Comisión de Gobierno pero no se debatió en el pleno municipal.
El pago del dinero fue hecho pese a la oposición de la interventora municipal que advirtió que constituía un acto nulo de pleno derecho al no existir una consignación presupuestaria de fondos para cubrir esos gastos y que era el pleno el que tenía que decidir la cuestión.
La Audiencia de San Sebastián, en la sentencia en la que condenó a Barandiarán en noviembre de 2007, señaló que el informe de la interventora era preceptivo por lo que tenía que haber suspendido el expediente hasta que el órgano municipal competente resolviera la cuestión. No obstante, el tribunal absolvió al alcalde de la acusación de malversación de fondos por la que el fiscal le pedía cuatro años al estimar que la compra del ordenador perseguía la “reinserción social del recluso.
Fuente: Abc.es