Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al ‘chivatazo’ con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho.

Asimismo, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.

Números facilitados en su integridad

Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.

El juez Pablo Ruz ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.

El magistrado, que considera “preciso aclarar la real significancia de estas llamadas”, responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números “titularizados” por esta Subsecretaría durante “el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006″, así como su “citación para que presten declaración en calidad de testigos”.

Hecho público este martes
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un “informe ampliatorio” sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa) y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de “relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”.

Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números “de seguridad”.

Fuente: ecodiario.eleconomista.es

Ayer la Asociación Dignidad y Justicia, acusación popular en el sumario sobre el ‘chivatazo’ y que ha tenido acceso a esos anexos, pidió por primera vez al nuevo juez del caso, Pablo Ruz, que ordene al Ministerio del Interior desvelar quienes usaban esos teléfonos y que esos tres funcionarios o altos cargos declaren, en principio como testigos, ante el magistrado.
No estaban pinchados
Solo los usuarios de esos teléfonos pueden desvelar el contenido de aquellas conversaciones -algunas de ellas fallidas- y si estas guardaban relación con la delación, ya que esas terminales no estaban ‘pinchadas’ y únicamente se conoce el tráfico de llamadas, los destinatarios y receptores, y la duración de las mismas. Garzón solo autorizó intervenir los teléfonos de los tres imputados, el ex director de la policía Víctor García Hildalgo, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Pamiés, y un inspector de Vitoria, en agosto de 2006.
Dignidad y Justicia ha pedido además al juez conocer las llamadas hechas desde esos teléfonos desde el 1 de mayo de 2006, tres días antes del chivatazo, hasta el 16 de septiembre de ese mismo año, cuando los principales implicados intercambiaron llamadas tras conocer que la Audiencia Nacional había abierto la investigación para esclarecer el ’soplo’ a Joseba Elosúa, el dueño del bar Faisán de Irún, que supuestamente era usado por ETA como oficina de cobro del impuesto revolucionario.
Según el colectivo de víctimas, conocer quiénes usaban esos teléfonos oficiales y de qué hablaron en esas llamadas tiene «relevancia e interés suficiente como para que sean tenidos en cuenta a la hora de esclarecer los hechos objeto de investigación puesto que dichas llamadas quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se producen las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigadas como presuntos autores de la delación del día 4 de mayo».
Un día después de que Ruz acordara reactivar la investigación a pesar de la oposición de la Fiscalía, Dignidad y Justicia también reclama que se interrogue al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Información por las supuestas presiones sobre los investigadores del soplo y a otros funcionarios y mandos que trabajaron en la operación contra la red de extorsión y las investigaciones posteriores una vez se produjo el ‘chivatazo’. Sus versiones tienen «contradicciones», según la acusación popular.

Fuente: lasprovincias.es

Rubalcaba realizó dichas declaraciones durante la conferencia sobre “Las amenazas globales a la seguridad” que impartió hoy en la Universidad española de Salamanca (USAL).

A juicio del ministro español, es “imposible imaginar el terrorismo internacional” sin la globalización fruto de una “economía libre y de una aparición de unos medios trasnacionales de comunicación espectaculares”.

Para Rubalcaba, la red también “ha colaborado a esa sensación de inseguridad colectiva que hoy existe” y que en buena medida está disociada a la “letalidad” de los atentados que se producen en autobuses, metros o aeropuertos.

En su opinión, ese tipo de acciones hacen que “la sociedad viva hoy mucho más insegura que hace algún tiempo” y, precisamente, esa inseguridad ha afectado al “delicadísimo equilibrio que los Estados de Derecho han construido entre libertad y seguridad”.

Sin embargo, esa armonía “no es estática ni dentro de cada país ni en su conjunto”, añadió, como lo prueba el hecho de que no tiene “el mismo punto de equilibrio la ecuación libertad-seguridad en Europa que en África Subsahariana o en Asia”.

Es, precisamente, en esos momentos de perplejidad colectivos, cuando, en palabras del y ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno español, “los Estados reflexionan y se producen modificaciones que conviene tener en cuenta y revisar permanentemente”.

En ese sentido, señaló que, tras los atentados del 11 del septiembre de 2001 en Estados Unidos y los posteriores de Madrid y de Londres, “muchos países alteraron ese equilibrio y produjeron cambios importantes en sus normas”.

Esa tendencia no fue seguida en España debido, según Rubalcaba, a que la legislación antiterrorista española es “muy atinada”, debido a que la lucha contra el terrorismo de ETA ha hecho que las normas estén “muy bien preparadas y más perfeccionadas”.

No obstante, reconoció que tanto el Código Penal como las actuaciones policiales “se han tenido que adaptar al terrorismo internacional introduciendo cambios que son significativos y que, a veces, también alteran parcialmente esa armonía entre libertad y seguridad”.

De ese modo, entre las modificaciones habidas en las policías y en los servicios de información destacó “la especialización, el nivel de información”, al que tildó de “herramienta más importante que cabe manejar”, y “la cooperación internacional” que, según dijo, “se ha estrechado de manera indescriptible”.

Asimismo, puso de manifiesto la “dificultad” de prevenir el terrorismo internacional y de ahí que hiciera hincapié en “evitar los fenómenos de radicalización”.

Como ejemplo de ello aludió a que en Gran Bretaña las terceras generaciones de emigrantes “son, a veces, universitarios integrados perfectamente los que se rebelan y acaban radicalizándose”.

Por ello, según Rubalcaba, en España debe tomarse “muy en serio el problema de la integración de los jóvenes procedentes de la inmigración” en el que tiene “tanta importancia la educación”,

Fuente: adn.es

Una ortodoxia que EKIN (ilegalizada por Baltasar Garzón en abril de 2001) impone a las “distintas asociaciones ilegales de la izquierda abertzale”, entre las que Grande Marlaska ya citaba en septiembre a SEGI, Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. Este último colectivo (ilegalizado también por Garzón en febrero de 2002) fue el objetivo del operativo de la Policía Nacional, que acusa a los detenidos de relanzar la clandestina Gestoras Pro Amnistía, sobre todo con campañas en el extranjero y ofensivas mediáticas en internet.
Askatasuna: “Una pieza más en el mosaico”
Según el Tribunal Supremo, Askatasuna (última denominación de Gestoras), es una “organización terrorista” por no es más que “una pieza más en el mosaico del terrorismo vasco” encabezado por ETA. El alto tribunal, que en octubre de 2009 confirmó la condena a los 20 últimos dirigentes conocidos de Askatasuna, sostiene que ese colectivo forma parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en el que se alojan las organizaciones de la izquierda “abertzale”, y aunque no se dedican a la comisión de delitos terroristas, “sí que participan en la amplia y coordinada actividad desplegada por el terrorismo, manteniendo la cohesión del colectivo de presos y justificando las acciones criminales cometidas por éstos”.
Aquella sentencia exponía que las actividades ilícitas de Askatasuna demostraban “los vínculos organizativos y jerárquicos, institucionales y personales” entre estos colectivos de presos etarras y la organización terrorista. Asimismo, subraya su “adhesión” estratégica e ideológica, con “la aceptación” de la violencia y el ejercicio del terror.
La operación de la madrugada de este martes es el segundo golpe a ETA desde el último comunicado de la banda terrorista el pasado 10 de enero, en el que decretaba un alto el fuego general y verificable. Sólo 18 horas después del anuncio, la Guardia Civil, el CNI y los servicios antiterroristas galos detuvieron al supuesto cerebro informático de ETA Iraitz Gesalaga Fernández, ‘Tximas’, y a su novia, Itxaso Urtiaga Valderrama. Tximas, según Grande-Marlaska, viajó en 2007 y 2008 a Venezuela y llegó a adiestrar en sistemas de encriptación a miembros de las las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) durante cursillos en la selva amazónica.

Fuente: lasprovincias.es

Los ex espías, en los escritos, aportan datos muy concretos sobre la notificación a España de las actividades clandestinas de los etarras. La comunicación oficial de los entrenamientos en la selva se produjo entre el 6 y el 10 de noviembre de 2000, durante la celebración del ‘II Seminario Iberoamericano de Inteligencia Estratégica’, una conferencia internacional celebrada en Montevideo, auspiciada por el Centro Superior de Información de Defensa (CESID) español, antecesor del CNI, y en la que participaron 17 países y 20 agencias.
Allí, en una sala del hotel NH Columbia de la Rambla Gran Bretaña de la capital uruguaya, «el servicio venezolano y sus delegados de Inteligencia Militar -ya por entonces bajo las órdenes de Hugo Chávez, que llegó al poder en febrero de 1999- informaron en el pleno a los delegados del CESID de que ese grupo de etarras estaba llevando a cabo tareas de entrenamiento en Venezuela», relata uno de los documentos entregados al instructor. «Especialmente, de las informaciones facilitadas a cerca de Cubillas y su gente fueron testigos más de doce organismos de inteligencia exterior, por cuanto se dijo en el pleno y quedó evidentemente grabado», apuntan los ex espías del país sudamericano.
Desmantelados
Según los ‘papeles’ de Arria, aquel ‘chivatazo’, en principio, no cayó en saco roto y «posteriormente en distintas reuniones se acordó trabajar en conjunto». «Se llevaron a cabo varias reuniones específicas entre miembros de los servicios (españoles y venezolanos), tanto en Uruguay como en Venezuela». Incluso, se destinó a una funcionaria del CESID, de «nombre clave Cristina», para que se ocupara sobre el terreno de investigar los movimientos de ETA en la selva, supuestamente en campamentos de las FARC.
Sin embargo, todo cambió meses después. Los ex expías hablan de que el Gobierno de Hugo Chávez directamente ordenó acabar con la supervisión de etarras. «Los equipos de seguimiento venezolanos fueron desmantelados», en particular la denominada ‘Sección 22′, que se ocupaba los terroristas españoles. «Sus miembros fueron perseguidos y desbandados (…) los agentes encargados del seguimiento de ETA y monitoreo a nivel central y en las brigadas territoriales fueron despedidos». Y la agente del CESID fue puesta bajo vigilancia.
De acuerdo con los datos del sumario, durante los gobiernos anteriores a Hugo Chávez hasta 38 funcionarios de la DISIP llegaron a trabajar en exclusiva para controlar los movimientos en Venezuela de los etarras, que habían llegado en su mayoría al país fruto de un supuesto pacto entre Madrid, Caracas y La Habana en 1989. «Los acuerdos siempre fueron de palabra, no había nada escrito. Los Estados (Cuba y Venezuela) debían tener control sobre los etarras y a cambio tendrían preferencias y créditos muy blandos».
«Vigilancia electrónica»
«En esa época -prosigue la narración de los ex espías refiriéndose a la década de los noventa- (los etarras) llegaron a ser 36 en Venezuela y 14 en Cuba» y estaban estrechamente vigilados por «unidades especializadas muy bien dotadas». Los terroristas debían fichar cada poco tiempo. «Los etarras eran monitoreados, vigilados e incluso sujetos a vigilancia electrónica». La presión era tal, relatan los informes, que «mucho de ellos decidieron repartirse en territorios que tenían brigadas muy poco dotadas y esa es la razón por la que muchos de ellos se fueron al interior».
Pero el acoso y control de los etarras acabó con la llegada de Chávez al poder. La cúpula de ETA, sostienen los ex espías venezolanos, «decidió en 1998 que el mejor lugar para entrenar a los etarras sería Venezuela porque a partir de 1999 sería tierra de afectos revolucionarios». Y comenzaron a llegar incluso etarras que desde entonces estaban bajo la supuesta protección de Castro. «La razón por la que Venezuela se convierte en el último reducto etarra es porque el Gobierno cubano, a pesar de sus vaivenes, autorizó la presencia del CNI en la isla, lo que hizo que buena parte de los ‘proyectos etarras’ migraran a Venezuela».

Fuente: lasprovincias.es

El único incremento relacionado con el terrorismo a lo largo del pasado año fue en la extorsión, especialmente a empresarios vascos, por parte de ETA para aumentar su financiación.

La Memoria, dada a conocer este martes con ocasión de la Apertura del Año Judicial, recoge que el nivel de amenaza representado por la banda terrorista ETA es “de riesgo elevado”, especialmente tras el atentado cometido en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de 2006. Así, entre junio de 2007 y diciembre de 2009 la banda terrorista ha cometido 59 atentados con siete víctimas mortales en total.

Además, las manifestaciones hechas públicas por la banda criminal a través de diferentes comunicados a lo largo de 2009 han acreditado “la permanente vocación de continuidad en el uso de la violencia terrorista” como vía para alcanzar “los objetivos estratégicos de autodeterminación y territorialidad” y “no parece que las cosas vayan a cambiar”.

21 ATAQUES MENOS QUE EN 2008

Comparando el año 2008 con el 2009, “se ha podido constatar un fuerte descenso en número y en intensidad” en los ataques de ETA, pasando de 35 ataques en 2008 a 14 en 2009. Sin embargo, en cuanto al número de víctimas mortales, el descenso no ha sido tal, pues murieron tres personas en 2008 a causa de la violencia de ETA, sólo uno menos en 2009.

De estos 14 atentados –un descenso del 60 por ciento respecto a 2008–, seis han sido cometidos en las Islas Baleares, tres en Vizcaya, dos en Guipúzcoa, uno en Burgos, uno en Cantabria y uno en Madrid. De los que tuvieron como resultado víctimas mortales, uno se produjo en Vizcaya y terminó con la vida del inspector de Policía Eduardo Puelles y otro en Mallorca, en el que fallecieron los guardias civiles Diego Salva y Carlos Sáenz.

Respecto al número de detenciones, en 2009 se han registrado 141, lo que está produciendo “un constante y progresivo debilitamiento de la capacidad operativa con la que cuenta la banda criminal”. Comparando con el año anterior, en 2008 fueron detenidas 105 personas, 69 en España y 36 en el extranjero, mientras que de las realizadas en 2009, 106 han sido en España y 35 fuera de nuestras fronteras.

ALERTA PERMANENTE

Asimismo, recuerda la memoria que durante el semestre de Presidencia española de la Unión Europea se estableció “una situación de alerta permanente” por el “grave riesgo” que suponía que ETA intentase “internacionalizar al máximo lo que denominan ‘el conflicto vasco’”.

En referencia a las actividades de chantaje de la banda a través del envío de cartas de extorsión, registraron “un incremento paulatino” y “especialmente destacado” a finales de 2008 y durante todo el 2009. Coacción y terror que se vieron incrementados tras el asesinato el 3 de diciembre de 2008 del empresario Ignacio Uría.

Por otro lado, en los actos de ‘kale borroka’ se ha constatado “una tendencia descendente”, aunque con “rebotes puntuales”, generalmente como respuesta a medidas legales. En 2009 se han contabilizado 75 acciones de terrorismo callejero, cifra muy inferior a las de años anteriores, con 127 actos de ‘kale borroka’ en 2008 y 243 en 2007. El número de detenciones por este tipo de actividad en este periodo ha sido de 16 individuos, 51 menos que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a otros grupos terroristas, la Memoria señala que “continúa en un nivel muy alto” la amenaza por a causa de atentados islamistas en España, y ha subrayado el secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania por miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Para luchar contra estas actividades ilícitas, las actuaciones más trascendentes son las de la política penal preventiva, aplicada en dos líneas: Mediante el delito de integración en organización terrorista y el delito de colaboración con tales grupos. El número de detenidos por estos delitos en 2009 fue de 26, muy inferior a los 61 detenidos en 2008. El total de detenidos en los últimos seis años asciende a 464 personas.

GRAPO, PRÁCTICAMENTE DESARTICULADOS

Por otra parte, recoge “la práctica desarticulación” y “extrema debilidad” de los GRAPO que “debe estimarse eliminada prácticamente por completo” ya que, por segundo año consecutivo, no han ejecutado acción terrorista alguna.

En referencia a radicalismos violentos, destaca los ataque del grupo Resistencia Galega, especialmente a “instituciones bancarias, transnacionales, empresas expropiadoras de recursos energéticos, fuerzas de ocupación, obras públicas agresivas con la tierra, partidos políticas españolistas”, etc.

Por su parte, los movimientos anarcoinsurreccionalistas, en su mayoría, han realizado acciones violentas en favor de la libertad de presos anarquistas internos en cárceles españolas, otros que cumplen condena en prisiones de otros países o por “la grave situación sociopolítica creada por la dimensión universal de la crisis económica”.

Finalmente, el número de acciones terroristas de autoría desconocida ha sido de seis, dos de ellas en León, una en Barcelona, una en Córdoba, una en Valencia y otra en Guadalajara. En todos los casos se ha tratado de artefactos explosivos caseros colocados en sedes de instituciones públicas, y de partidos políticos y sindicatos o lugares públicos.

Fuente: europapress.es

El vídeo, emitido por la cadena de televisión Antena 3, incluye imágenes de dos cámaras de seguridad distintas -una en el interior de la base y otra en la puerta de la misma- comienza a las 9 en punto de la mañana.

El atentado, tal y como queda reflejado en el vídeo muestra la vieja base de Qala i Nau, donde el vigilante de la puerta principal oye tiros. Ve incluso un impacto de bala. No lo sabe aún, pero un terrorista acaba de asesinar a dos guardias civiles y a un intérprete español.

El soldado mira a ver qué pasa. Por sorpresa, se encuentra de frente con el asesino, que trata de huir por la puerta principal de la base. Lleva en las manos el fusil Kalashnikov con el que acaba de matar a los guardias civiles. Y su intención es seguir asesinando. Lanza una ráfaga contra el interior de la cabina de vigilancia. Afortunadamente, no hay nadie dentro.

Los soldados españoles corren tras él y le cercan en un fuego cruzado. El terrorista -un infiltrado de la policía afgana- cae abatido en la acera. Allí permanece mientras los soldados españoles comprueban lo ocurrido e informan de la situación.

Tras unos minutos, un convoy sale precipitadamente. Se evacúa a los militares y al civil atacado, les llevan al hospital de campaña español. Se cree que áun pueden salvarles la vida. En la entrada de la base, se queda el cuerpo inerte del asesino, arrastrado desde el exterior.

El asesino era el chófer de un jefe de la base. Resultó ser un terrorista talibán camuflado que acababa de disparar contra los agentes españoles y el traductor que trabajaban en la base en la formación de policías afganos.

En las fotografías publicadas por LaVanguardia se ve al terrorista abatido en la acera en el exterior de la base y cómo los soldados españoles forman un perímetro de seguridad en torno al cadáver.

El resto de las imágenes, captadas diez minutos después, muestran la salida de la base de un convoy de tres vehículos que evacúan a los heridos españoles. Más tarde se ve cómo dos agentes arrastran por los pies el cadáver del terrorista hasta el interior de la base.

En el atentado murieron dos guardias civiles, el capitán José María Galera Córdoba y el alférez Abraham Leoncio Bravo Picallo, y el intérprete español de origen iraní Ataollah Taefik Alili.

El Gobierno español considera que el atentado y el intento de asalto a la base protagonizado poco después por un grupo de ciudadanos fueron “organizados y premeditados”.

Fuente: lavanguardia.es

Jordán participa esta semana en un curso sobre inteligencia y seguridad internacional organizado por la universidad Politécnica de esa ciudad murciana, en el que hoy ha desarrollado una ponencia titulada “El terrorismo yihadista, una visión desde España”.

Este profesor de ciencia política ha señalado que España “sigue siendo estando entre los objetivos del terrorismo inspirado por Al Qaeda en términos de amenaza y propaganda, aunque ocupa un papel secundario si se atiende a complots terroristas”.

Ha destacado también el papel de los servicios de inteligencia española, que ya advirtieron de la amenaza yihadista antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, fecha que, según Jordán, ha marcado un antes y un después en el esfuerzo y los medios humanos y materiales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.

Además, se ha referido a la figura de Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo y en cuya detención se afanan sin éxito desde hace años los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo.

Para explicar esta paradoja, Jordán ha aludido a la lealtad de los colaboradores de Bin Laden, pues, hasta la fecha, ninguno de ellos lo ha traicionado, y a la ausencia de sistemas de comunicación vía satélite entre los terroristas yihadistas.

Fuente: abc.es

Un número de víctimas inolvidable, teniendo en cuenta que ese mismo año, uno de los más sangrientos de su historia, ETA había asesinado a 37 personas en varios atentados, que, según anunciaba el comunicante, no sería la última: «Este es el comienzo de nuestras acciones fuera del Líbano, hasta que el último soldado israelí abandone ese territorio. Esta matanza que hemos llevado a cabo es una represalia por las realizadas en la zona de Bir Al-Abed».

En 1982, Israel había invadido el sur de Líbano para expulsar a las guerrillas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), dirigidas por Yaser Arafat, y, a pesar del acuerdo alcanzado en mayo de 1983 entre ambos países para que los israelís retiraran a sus tropas, esto no ocurrió, progresivamente, hasta bien entrado 1985, dejando, aún así, una llamada «zona de seguridad» de unos 850 kilómetros cuadrados.

La venganza de los terroristas islámicos quedó sin embargo impune. La investigación sobre el atentado en «El Descanso», así se llamaba el restaurante frecuentado por militares estadounidenses, que eran, en principio, el principal objetivo a pesar de que todos los muertos fueron españoles, se archivó provisionalmente el 9 de marzo de 1987 por falta de autor conocido.

En el sumario, que contaba únicamente con seis tomos, tan sólo figuraba la reivindicación hecha en su día por la organización terrorista «Yihad Islámica», que en aquella época realizaba gran cantidad de atentados, con muchas víctimas mortales, en otros puntos del planeta.

El ataque contra establecimiento de Torrejón se produjo a las dos de la madrugada, cuando «un joven que fingía aguardar mesa, entró con una bolsa en los servicios, donde pudo activar el explosivo, y al salir lo dejó debajo de la barra, junto a la puerta de los lavabos», señalaron a ABC algunos testigos presenciales.

José Barrionuevo dijo que fue ETAEn un principio, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, sostuvo que el atentando con 15 kilos de cloratita había sido obra de ETA «en colaboración con grupos euro terroristas», y eso pese aquel al día siguiente ya se había producido la reivindicación del grupo islamista, algo, por entonces, nada común.

«Me encontraba en la barra cuando en un momento dado sentí como una pequeña vibración. No le di importancia, aunque inmediatamente después hubo un fogonazo. Aquello, lo que fuera, reventó y las puertas de los servicios salieron volando por los aires, hacia mí, despedidas por la sala. Una lluvia de cascotes y vigas se desplomó desde el techo y los muros hacia nosotros», contó a ABC uno de los camarero del restaurante, a quien tuvieron que sacar semiinconsciente a rastras por un agujero hecho en la pared.

La investigación llevada a cabo tras el atentado no pudo determinar la autoría. El caso se retomó a principios de los 90 dentro de otras investigaciones sobre terrorismo islamista, pero los nuevos interrogatorios no aportaron nada nuevo. Sin embargo en el 2005, con el 11-M aún muy reciente, se volvió a reabrir el caso cuando un testigo protegido identificó a Mustafá Setmarian Nasar como uno de los autores materiales del atentado de Torrejón.

«Después, cuando me he enterado de otros atentados, la cabeza parece que me va a estallar, y luego paso dos semanas muy fastidiadas», contaba en 2005 Vicente González, otro antiguo camarero de «El Descanso», quién asegura que intenta olvidarlo con todas sus fuerzas, pero no puede.

Fuente: abc.es

El memorando servirá para intensificar los canales de intercambio de información sobre tendencias criminales y sobre el sistema legal de cada país, sus legislaciones y las medidas específicas de aplicación de la ley en las áreas que competen a las dos instituciones. Se formaliza así una cooperación que ya estaba en marcha, de manera informal, desde el 2005 a través de grupos conjuntos de trabajo.

Holder valoró positivamente la colaboración entre los dos países, que calificó de “excelente“, y aseguró que España está siendo un “firme aliado” en la lucha contra el terrorismo, el nartotráfico y el crimen organizado.

REUNIÓN CON LA UE
El fiscal general de Estados Unidos participará mañana en la reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea y Estados Unidos que se celebrará en el palacio de El Pardo, en el marco de la presidencia española de la UE. También se reunirá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, respectivamente.

Uno de los temas que se tratará en este encuentro entre la UE y EEUU es el Programa de Búsqueda de la Financiación Terrorista (TFTP, en sus siglas en inglés), que Washington aplica para combatir las fuentes de financiación del terrorismo después de que el Parlamento Europeo rechazara que las autoridades estadounidenses pudieran acceder a datos bancarios de ciudadanos europeos para investigaciones antiterroristas. Holder expresó su esperanza en poder “avanzar rápidamente hacia un acuerdo” sobre el TFTP. El fiscal general de EEUU dio las gracias a España por ser una “importate defensora” de este programa en el seno de la UE.

Fuente: diariodeleon.es