La detención se ha producido a las 09,15 horas en la citada localidad francesa y ha corrido a cargo de la Brigada de Policía Judicial de Bayona, según las fuentes consultadas.

Ernesto Prat ha sido detenido en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida el 11 de septiembre de 2008 por el juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional,Fernando Grande-Marlaska por su pertenencia a Ekin, el denominado aparato político de la banda, cuyos miembros -ya disueltos- ejercían como los guardianes de la ortodoxía etarra en todos los estamentos del entorno de la banda.

La Guardia Civil lo incluyó en septiembre de 2008 en la lista de los terroristas más buscados. Prat Urzainki, que fue militante del partido ilegalizado ANV, logró escapar de las operaciones que el Instituto Armado realizó a finales de agosto e inicios de septiembre de aquel año contra Ekin en Navarra.

Ernesto Prat Urzainki nació el 25 de septiembre de 1978 y es oriundo de la localidad navarra de Berriozar. Se fugó antes de que la Guardia Civil registrara su casa de Elizondo. Fue el número 3 de la candidatura del ilegalizado ANV en la localidad de Baztán.

Se trata de la cuarta detención de personas vinculadas a ETA desde que el nuevo Gobierno del PP tomó posesión.

Fuente: elmundo.es

La versión dada por el rotativo belga señala que a mediodía del sábado, uno de los dos etarras encarcelados solicitó a un funcionario mantener una reunión con la dirección del centro. El guardia de prisiones le respondió indicando que en ese momento no era posible realizar ese encuentro. El etarra sacó un cuchillo que colocó en el cuello del empleado provocándole un corte que requirió varios puntos de sutura, pero que, al parecer, no reviste gravedad.

Otros guardias procedieron a reducir al agresor cuya identidad no ha sido facilitada al periódico belga. En la prisión se encuentran encarcelados el miembro de ETA Ventura Tomé Quiroga, cuya extradición ha sido autorizada por el Tribunal Supremo belga y se está a la espera de que se lleve a cabo, y Javier Aguirre Ibáñez, acusado de cometer actos de violencia callejera en la capital alavesa.

Tomé y Aguirre fueron detenidos el pasado 28 de octubre en Bruselas y se encuentran a la espera de que las autoridades belgas decidan si son puestos a disposición de la justicia española. Ambos fueron los primeros arrestados tras el comunicado en el que ETA ponía fin a la violencia terrorista.

Según la información de ‘La Derniere Heure’, tras el incidente fueron suspendidas las visitas a la cárcel, salvo para los abogados.

Los responsables del centro han abierto una investigación para determinar cómo el supuesto agresor logró hacerse con un cuchillo. Los empleados de la prisión de Forest realizaron servicios mínimos en señal de protesta por la agresión ya que es la quinta que se produce en el plazo de mes y medio.

Fuente: elmundo.es

Los jueces han decidido así rechazar la decisión dictada en primera instancia que negaba la extradición de Tomé Quiroga por defecto de forma de la euroorden enviada por la Audiencia Nacional.

Fuente: elmundo.es

En contra de las declaraciones que él mismo realizó ante los agentes, el juez instructor y el tribunal que le juzgó, Barandalla aseguró que sólo conocía al acusado “de vista” y que “nunca” formó parte del comando Amaiur,del que el testigo formaba parte junto a Alberto Ilundáin y Mikel Castillo, fallecido el 18 de septiembre de 1990 tras un enfrentamiento con la policía. “Nunca dije que Recarte fuera miembro del “comando”. No lo pude decir porque no lo era. O me falló el subconsciente o mentí, una de dos”, afirmó Barandalla. Y agregó que hizo estas manifestaciones porque la policía le dijo que “si no declaraba lo que ellos decían, iba a terminar como el compañero que había muerto”. “El miedo es libre y yo tenía mucho miedo”, apuntó.

El acusado, por su parte, se negó a “contestar a las especulaciones” del fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerció la acusación popular, aunque aprovechó las preguntas de su defensa para negar cualquier relación con ETA.

Huyó tras este atentado

En todo caso, reconoció que cuando la policía fue a buscarle a su casa para implicarle en “ese asunto”, abandonó España. “Me voy por miedo, pero no tenía ninguna relación. Habían matado a alguien y había comentarios de torturas”, trató de explicar. También dijo que en los 20 años en los que ha permanecido fugado ha vivido gracias a sus “trabajos”.

En la vista declaró como testigo Juan Carlos Pérez Ojuel, que fue implicado en el atentado pero después fue absuelto. En la declaración que realizó en noviembre de 1990 ante el juez Baltasar Garzón, indicó que Ilundain le había dicho que “vigilara” a Recarte en la sede de Batasuna en Pamplona porque sospechaba que “podía estar infiltrado y al servicio de la policía”.

Tras la prueba testifical, la fiscal Ana Noé solicitó que el acusado sea condenado por los delitos de asesinato terrorista, estragos e integración en banda armada a partir de las declaraciones de Barandalla y Pérez Ojuel y el hecho de que abandonó el territorio nacional tras la caída del comando y permaneció en rebeldía desde 1991.

La abogada de Recarte, Amaia Izco, pidió su absolución argumentando que no existen elementos externos que corroboren las declaraciones de los coimputados, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También defendió que el delito de integración en organización terrorista habría prescrito y no debería considerarse conexo a los otros dos. El juicio quedó visto para sentencia.

CLAVES

1 Víctima. María Cruz Yoldi Oradre. Repartidora de Diario de Navarra, de 63 años. Casada y con seis hijos.

2 Atentado. El 17 de octubre de 1987 fue alcanzada por una bomba colocada en las rejas de las oficinas de La Unión y el Fénix Español, en la calle Cortes de Navarra, en Pamplona.

3 Autoría. Este atentado se imputó al comando Amaiur de ETA. Cuatro años después del asesinato, en 1991, la Audiencia Nacional condenó al etarra Bautista Barandalla Iriarte, de Etxarri-Aranatz, a 41 años de prisión. En la misma sentencia absolvió a otro acusado, Juan Carlos Pérez Ojuel.

4 Nuevo juicio. Ayer, 20 años después de aquella condena, el caso volvió a la Audiencia Nacional para juzgar a otro supuesto miembro del comando Amaiur, Juan Carlos Recarte, que fue entregado el año pasado por México. El fiscal pide para él 43 años de cárcel. El acusado niega los hechos y Bautista Barandalla, ya condenado por este atentado, afirmó aqyer que Recarte no pertenecía a este comando.

Fuente: diariodenavarra.es

Las cárceles gallegas como A Lama o Teixeiro (A Coruña) son un elemento clave en el marco de la política de premios y castigos que puso en marcha el gobierno socialista para fraccionar el colectivo de presos tras la ruptura de la tregua de 2006. En los últimos años, son muchos los internos de la banda en vías de arrepentimiento que han pasado por Galicia procedentes del sur de España antes de dar el salto al País Vasco o a las cárceles ‘laboratorio’ de Zuera (Zaragoza) o Villabona (Asturias).

En concreto, Arizcuren Ruiz ha sido trasladado a A Lama procedente del Centro Penitenciario Sevilla II donde ha permanecido los últimos años. Estaba considerado como uno de los duros de la banda terrorista. Antes de llegar a Sevilla cumplió condena en el Puerto de Santamaría (Cádiz) donde se agrupa a los presos más irredentos del colectivo etarra.

Fue el jefe de los ‘comandos’ de ETA durante buena parte de la década de los noventa hasta su arresto en Francia en 1999. La Policía sostiene que dio órdenes directas de matar al Rey en Palma de Mallorca en 1995. Está condenado por su participación en multitud de asesinatos cometidos por la banda, incluido el atentado contra Fernando Múgica Herzog por el que se le impuso una pena de 30 años de cárcel.

Por su parte, Gorka Martínez Ahedo ya emprendió hace años el camino en el que en los últimos tiempos se han embarcado varios terroristas de la banda condenados a largas condenas. Al menos esa era la impresión de Instituciones Penitenciarias que decidió trasladarlo a la ‘cárcel laboratorio’ de Villabona para que cumpliese condena cerca del País Vasco. Allí se agrupa a presos que comienzan a dar síntomas de desvincularse de la violencia.

No obstante, el seguimiento y el control que se aplica a los etarras en prisión desde el Departamento que dirige Mercedes Gallizo detectó que la evolución de este preso no era del todo sincera. Martínez Ahedo fue descubierto celebrando el atentado contra el Inspector de Policía Antonio Eduardo Puelles, asesinado con coche bomba por ETA el 19 de junio de 2009 en la localidad vizcaína de Arrigorriaga. Ese gesto le costó al etarra ser alejado a la cárcel de Sevilla, donde ha permanecido hasta ahora.

Dijo reírse ‘un montón’ tras matar a un ‘txakurra’

No era la primera vez que un asesinato de ETA la causaba satisfacción. En 2003 fue condenado a 17 años por su implicación en el asesinato de un Policía Nacional en 1994 en Vizcaya. Durante el juicio recordó haberse reído “un montón” cuando vio en televisión al entonces líder del PNV, Xabier Arzalluz, “con un rebote de la ostia” tras el atentado en el que habían matado a un “txakurra” (perro en euskera, calificativo con el que se refieren a los policías). Además está condenado a otros 80 años por matar a un albañil y un guardia civil.

La política penitenciaria de Interior para con los presos de ETA no es irreversible a excepción de los que llegan a la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) tras firmar un documento en el que manifiestan su rechazo a ETA. El resto pueden ser alejados de nuevo en caso de que no avancen en su desvinculación de la banda como le ha sucedido las últimas semanas a hasta cuatro presos de la cárcel de Villabona.

Se trata de Juan Ignacio Delgado Goñi, trasladado a la prisión de Topas (Salamanca); José Etxeberria Pascual, trasladado a la cárcel de Daroca (Zaragoza); Ramón Aldasoro, trasladado a la cárcel de Castellón; e Ismael Arrieta Pérez de Mendiola que seguirá cumpliendo condena en El Dueso (Cantabria), donde se encuentra el ex líder de LAB, Rafael Díez Usabiaga.

Las fuentes consultadas no obvian que la actual situación abierta tras el debate interno en la izquierda abertzale hace casi dos años y el reciente comunicado de ETA anunciando el “cese definitivo” prácticamente ha hecho que desaparezcan los casos de presos dispuestos a desvincularse de la violencia lo que antes provocaba fisuras entre el colectivo.

Actualmente, la postura mayoritaria apuesta por no acogerse a soluciones individuales sino tratar de aprovechar la actual situación para lograr una solución global para todos. En el comunicado en el que el EPPK (siglas en euskera del Colectivo de Presos de ETA) manifestaba su adhesión al Acuerdo de Gernika hace unos meses, se exigía al Gobierno una “amnistía completa”.

Fuente: elmundo.es

El fallo de la Sección Cuarta supone 60 años de prisión para ‘Txapote’ por asesinato, estragos, tenencia de explosivos y pertenencia a una organziación terrorista en grado de dirigente.

También impone 50 años a Andoni Otegi y Oscar Celarain, y 58 a Juan Cralos Besance. Los terroristas deberán indemnizar a la familia de la víctima con medio millón de euros. Se les prohíbe además residir en la localidad de Leiza durante un periodo de 10 años o aproximarse a una distancia menor de 200 metros de los familiares de la víctima.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que no ve elementos para condenar a Celarain y a ‘Txapote’. De Prada fue el magistrado que sustituyó a la presidenta del tribunal Ángela Murillo después de que ésta llamara cabrones a los acusados y tuviera que abandonar el tribunal.

Al término del juicio Otegi aseguró que “nadie” había querido reirse “del sufrimiento de la viuda”, al tiempo que criticó la “mentira” de la juez Ángela Murillo, que espetó: “¡Pobre mujer, encima se ríen los cabrones!”.

Durante el juicio, la viuda de la víctima relató cómo escuchó la explosión desde su casa y, al salir al balcón, vio cómo su marido ardía junto a su furgoneta. Tras terminar su declaración, Adoración Zubeldia pidió permiso para girarse y ver a los acusados. Les sostuvo la mirada hasta que ellos, los cuatro, la bajaron.

‘Txapote’ ya fue condenado a 105 años de cárcel el pasado 7 de noviembre por el asesinato del dirigente socialista fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, en 2000 en Vitoria.

Ésta se sumó a los más de 300 años de cárcel a los que fue condenado por distintas causas (entre ellas, los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, del edil socialista Fernando Múgica, del concejal ‘popular’ Gregorio Ordóñez y de dos guardias civiles en Aragón).

Fuente: elmundo.es

Durante su juicio, celebrado ayer en la Audiencia Nacional, Agirresarobe -para el que la fiscalía pide 48 años de prisión por asesinato terrorista, pertenencia a banda armada y tenencia de armas- y su abogado intentaron con todas sus fuerzas refutar esa prueba, la más importante de las que sustentan la acusación. Primero, mostrando una actitud opuesta a la que suelen seguir los miembros de ETA y contestando a las preguntas del fiscal y a las tres acusaciones -la de la familia Pagazaurtundua, la del Ayuntamiento de Andoain (gobernado desde mayo por Bildu) y la de Dignidad y Justicia-. Agirresarobe negó, además, pertenecer a ETA y aseguró que “en la vida” ha tenido “un arma en la mano”.

Después trató, aunque sin mucho éxito, de desvincularse del bar Daytona donde se cometió el asesinato y de la taza donde apareció su ADN. Aseguró que ni siquiera conocía el establecimiento, aunque tampoco se acuerda de dónde se encontraba ese día. “Ese ha sido mi mayor dilema, recordar dónde estaba. He removido cielo y tierra”, declaró. “Mi familia, mi abogado y yo hemos estando mirando todo y no he podido encontrar nada para saber dónde estaba ese día”, insistió.

También rechazó que su perfil genético pudiera aparecer en el café con leche que supuestamente tomó antes del atentado. “Yo no tomo café”, afirmó. “Solo lo he tomado en dos ocasiones y me sentó mal. Me altera”. Su abogado, el exparlamentario de HB José María Elosua, insinuó que la taza en la que estaba su ADN pudo haber sido colocada allí por alguien, pero la encargada del bar Daytona aseguró que el asesino tomó café y que, nada más escuchar los tiros, ella misma cerró las persianas del local y ordenó que nadie tocara lo que había en la barra, donde estaba la taza, hasta que llegara la policía. El letrado también puso en duda la cadena de custodia de la botella que Agirresarobe bebió al declarar ante Marlaska.

La misma estrategia siguió con los peritos de genética de la Ertzaintza y los designados por la defensa, que declararon a la vez y se mostraron en desacuerdo. Para los de la policía vasca, la muestra de ADN de la taza era “suficiente” aunque no “ideal” para el análisis. Para los de la defensa era directamente “mala”. El informe de los primeros concluye que las posibilidades de que ese perfil genético fuera el de Agirresarobe eran 11,4 millones de veces superior a que correspondiera a otra persona. 5,2 millones para los segundos. Los ertzainas admitieron que otros tres españoles podrían coincidir con esa muestra, aunque matizaron que esa posibilidad era “meramente estadística”. El fiscal aseguró que esa prueba había que valorarla con otras, como que el acusado se negara reiteradamente a hacerse el test genético, y recordó que el hecho de que ETA hubiera reivindicado el atentado reducía considerablemente las posibilidades y apuntaba a un vasco. Agirresarobe lo es.

El momento más dramático fue la declaración de la viuda de Pagaza, Estíbaliz Garmendia, que contó con la voz quebrada que su marido era “un hombre bueno, buen amigo y buen compañero”. Elosua trató de justificar su asesinato, tanto ante ella como ante la hermana de la víctima y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua. El abogado señaló que el comunicado con el que ETA asumió el atentado afirmaba que Pagazaurtundua fue confidente de la Guardia Civil durante su estancia en Laguardia (Álava), donde trabajó como ertzaina. Maite Pagazaurtundua respondió que su hermano solo realizaba las “labores propias de la Ertzaintza” y, al terminar su declaración, como hizo, hace dos semanas, la viuda del concejal José Javier Múgica, miró a los ojos al acusado. Fijamente.

Fuente: elpais.com

Tras los hechos, Emilio Gutiérrez, un joven cuya vivienda había quedado destrozada por la explosión atacó con una maza la ‘herriko taberna’ de la localidad, por los que recibió en las redes sociales calificativos como ‘el héroe de Guipúzcoa’ o ‘el justiciero de Lazkao’. No obstante, también sufrió amenazas del entorno de la banda terrorista que le obligaron a abandonar el pueblo y fijar su residencia fuera del País Vasco. Castro, que fue arrestado en marzo de 2009 en Villabona (Guipúzcoa), está reclamado junto a Aguinagalde y Errazkin por el asesinato del empresario Ignacio Uria, que se produjo el 3 de diciembre de 2008 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.
Sustancias inflamables
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal juzgará el viernes al presunto miembro de la banda terrorista ETA Oier González, para quien la Fiscalía pide una pena de dos años de prisión por un delito de tenencia de sustancias inflamables e incendiarias. Según el Ministerio Público, González formaba parte, junto a otras tres personas ya condenadas por estos hechos, de un grupo dedicado a actividades de ‘kale borroka’ en 1998.
Tras su detención en enero de ese año la Policía incautó al ‘talde’ del que formaba parte tubos que contenían clorato potásico y ácido sulfúrico, «componentes necesarios para la elaboración de artefactos incendiarios». También disponían de una abundante cantidad de desatascador rápido de tuberias.

Fuente: eldiariomontanes.es

Otegi critica lo que entiende han sido impedimentos del Estado, a quien acusa de desarrollar “nuevas razzias poliaco-judiciales” y “cavar nuevas trincheras” para marcar distancia con el “cambio de escenario” tras el anuncio de ETA. “Ahora como los unionistas en Irlanda hablan de disolución”, argumenta, “esta es una actitud ciertamente inmadura y refleja el auténtico miedo que existe al nuevo escenario”.
Sin citar a las víctimas
Aunque Otegi comienza centrándose en “resolver las consecuencias del conflicto”, para lo que felicita a Patxi López por plantear la necesidad de “memoria, justicia y verdad” -”para que no haya dudas”, apostilla, “de toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia”-, acto seguido aboga también por abordar las “causas”.
Para ello, plantea como indispensable que se respete “lo que decida la ciudadanía vasca sobre su futuro político e institucional. “La izquierda abertzale se comprometió a traer la parte de la paz que nos correspondía y hemos cumplido, pero para que la paz sea completa corresponde ahora al Estado hacer desaparecer las conculcaciones de los derechos civiles, políticos y humanos que todavía siguen vigentes”, defiende el exlíder de Batasuna.
Otegi hace una vaga mención a los que “han sufrido y sufren las consecuencias de la violencia”, sin citar a las víctimas del terrorismo. “Por último”, continúa, “un recuerdo emocionado a todos los compañeros que no podrán disfrutar de este momento, para ellos mi agradecimiento y la promesa de que seguiremos luchando y trabajando hasta alcanzar nuestros objetivos políticos”. “¡Sonreír, ahora… a ganar!”, concluye la carta.

Fuente: lasprovincias.es

Los acusados se enfrentarán a dicha pena de cárcel en la vista oral que tendrá lugar los próximos jueves y viernes ante la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, en la que el fiscal reclamará también que Zelarain y Otegi indemnicen con casi 100.000 euros a los seis heridos que causó el atentado perpetrado el 21 de junio de 2002.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que como miembros del comando Argala de ETA, los acusados –que ya han sido condenados a 18 años y 3 meses de prisión por poner un coche-bomba en Marbella también en junio de 2002– robaron un vehículo dos días antes del atentado y cambiaron las placas de matrícula.

Modus operandi

Añade que Zelarain, alias «Peio», y Otegi, alias «Iosu», introdujeron el artefacto explosivo, formado con 62 kilos de cloratita y 5,2 kilos de dinamita, en el vehículo y lo estacionaron frente al comedor del hotel Las Pirámides «con la intención de causar el mayor número de muertes posibles dado lo concurrido de la zona en tales fechas».

Alrededor de las 6.30 horas del día 21, se recibieron tres llamadas alertando de la colocación de un coche-bomba que iba a explotar a las siete de la mañana, tras lo que se personaron en la zona agentes de policía que establecieron el oportuno cordón de seguridad y desalojaron los establecimientos más próximos ya que no daba tiempo a que los artificieros desactivaran la bomba.

La explosión causó heridas a seis personas y provocó desperfectos materiales en vehículos, inmuebles cercanos y mobiliario urbano hasta un radio de 150 metros causados por la onda expansiva.

El fiscal Carballo imputa a los acusados un delito de estragos terroristas, seis de tentativa de asesinato, uno de falsedad de documento y uno de robo de vehículo.

Otegi y Zelarain, naturales de Tolosa (Guipúzcoa), fueron arrestados en septiembre de 2002 en Francia, donde fueron condenados a ocho años de prisión. Tras su paso por la cárcel, fueron entregados a España en octubre y julio de 2008, respectivamente.

Además de la pena de 18 años y 3 meses de prisión, la Audiencia Nacional ha condenado a los acusados a doce años y medio de prisión por colocar una bomba en los juzgados de Tolosa en agosto de 2002, que finalmente fue desactivada.

Otros delitos

Otegi también cuenta en su haber con otras dos condenas de tres años de cárcel cada una por poner sendas bombas en una sucursal bancaria de Lecumberri (Navarra) y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Zarautz (Guipúzcoa) en julio y septiembre de 2001, respectivamente.

A ambos acusados se les atribuye igualmente el atentado con bomba lapa contra el concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) José Javier Múgica en 2002.

Fuente: laopiniondemalaga.es