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La madre de Silvia Martínez, la niña que falleció en el atentado terrorista de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en 2002, estará hoy presente en la Audiencia Nacional en el juicio contra los dos etarras responsables de la colocación del coche bomba y en el que, además, falleció un jubilado de Torrevieja. Toñi Santiago manifestó su deseo de “no hacer declaraciones” antes del juicio “porque quiero llegar tranquila y serena” y aseguró que una vez que concluya la vista hará las manifestaciones y consideraciones que estime oportunas.
Quien no estará presente en la sala será el actual alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, quien aseguró que “me encantaría estar allí y verles la cara con la intención de trasmitirles el menosprecio que siente Santa Pola por un asesinato estéril y sin razón en aras de no sé qué. Lo que se merecen es una mirada de desprecio y alguna que otra palabra”.
Zaragoza remarcó su deseo de que los dos detenidos como presuntos autores de la explosión del coche bomba “cumplan sus condenas al ciento por ciento por el daño irreparable que causaron y por una acción absolutamente imperdonable. Hay que aplicar la justicia humana que es la que debe dictar una sentencia firme, contundente desde el punto de vista democrático y que debe evitar que estas personas se sirvan de artimañas y artilugios jurídicos que les permitan zafarse de su responsabilidad”, aseveró el alcalde de Santa Pola que vivió el atentado del 4 de agosto de 2002 como director de Enfermería del Hospital General de Elche, “lo que propició que lo percibiera desde una óptica sanitaria, aunque el sentimiento humano derivado de este tipo de acciones es el mismo, un sentimiento de indignación, de no saber absorber internamente la maldad de unas personas que se permiten quitar el derecho a la vida a otros seres humanos y a cercenarles su proyecto de futuro”.

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ETA no tolera disidentes aunque haya anunciado el “cese definitivo” de su actividad y aunque la díscola sea uno de sus históricos iconos. La banda terrorista ha expulsado oficialmente de sus filas a su activista más sanguinaria, Idoia López Riaño, ‘La Tigresa’, condenada a miles de años de cárcel por matar a 23 personas. ‘La Tigresa’, de 47 años -que en verano de 2010 fue acercada desde Granada a Pontevedra, y desde allí, a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca tras renegar de la organización terrorista- ha sido repudiada por ETA por firmar el famoso documento en el que, entre otras cosas, pide perdón a sus víctimas, según desvelaron hoy fuentes penitenciarias.
ETA, que ha tardado casi un año y medio en echar a la ‘Tigresa’ desde que ésta se apartara de la disciplina de la banda, también ha expulsado a su novio, el también preso etarra Joseba Arizmendi Oiartzabal, de 39 años. La organización terrorista ha hecho oficial la doble expulsión a través del cauce habitual: excluyendo sus nombres de los listados del EPPK, el autodenominado ‘colectivo de presos políticos vascos. Tras el ‘repudio’ oficial del EPPK, los dos etarras dejan de recibir asignaciones del grupo de solidaridad con los reclusos, sus familiares son marginados de cualquier actividad y el resto de presos de ETA reciben órdenes de evitar cualquier contacto con ellos.
López y Arizmendi fueron acercados juntos al País Vasco el año pasado. Ese fue el único beneficio penitenciario que obtuvo la pareja, después de, por escrito, renegaran de la violencia, pidieran perdón a sus víctimas, prometieran colaborar con la justicia y hacer frente, dentro de sus posibilidades, a las indemnizaciones por sus atentados. Se trata de los famosos cuatro puntos de la carta de arrepentimiento que el Ministerio del Interior obliga a suscribir a los presos díscolos, como paso previo a su introducción en los programas de reinserción que abren la puerta al régimen de semi-libertad.

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El Tribunal Supremo ha absuelto a dos de los tres etarras a los que la Audiencia Nacional condenó el pasado diciembre por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa de Legutiano. En el atentado falleció al agente Juan Manuel Piñuel y sufrieron heridas otras 27 personas entre guardias y familiares.
Los magistrados del alto tribunal mantienen la condena a 515 años de cárcel al exjefe del ‘comando Vizcaya’ de ETA Arkaitz Goikoetxea, pero absuelven a Aitor Cotano, condenado igualmente a 515 años de prisión como cooperador necesario del atentado, y a Iñigo Gutiérrez Carrillo, al que la Audiencia Nacional impuso ocho años de prisión por un delito de colaboración con banda armada por ser la persona que recogió la furgoneta que luego se usó en el ataque contra el instituto armado.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, anula las condenas de Cotano y Gutiérrez porque la prueba de cargo sobre su culpabilidad en el atentado perpetrado en mayo de 2008 fueron las declaraciones en sede policial de los propios condenados, ahora absueltos. Unas confesiones -recuerda el Supremo- que no fueron ratificadas ante el juez de instrucción. En ese punto, el Supremo recuerda su ya abundante doctrina, según la cual «no es posible sustentar una sentencia condenatoria» exclusivamente sobre declaraciones policiales que aportan datos «no conocidos», si no hay una confirmación de esos hechos a través de otros indicios.

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La banda terrorista ETA asegura en la entrevista concedida al diario Gara que “la principal víctima del conflicto ha sido Euskal Herria” y, aunque dice no ser “insensible” y admite que sus acciones “han causado mucho sufrimiento”, rechaza “ese propósito de condenar la lucha por la libertad”.

“En este tema existe una gran utilización política y manipulación. La principal víctima del conflicto es Euskal Herria, un pueblo que han pretendido hacer desaparecer y que ha sido continuamente agredido. Las principales víctimas han sido las vascas y los vascos”, dicen los terroristas en el cuestionario recogido por Europa Press.

“La confrontación armada de las últimas décadas ha causado mucho sufrimiento, sin duda. También las acciones de ETA. No somos insensibles”, añaden los terroristas que, sin embargo, dicen no poder “estar de acuerdo con esa lectura que pretende hacer olvidar las claves del conflicto”. “No podemos estar de acuerdo con ese propósito de condenar la lucha por la libertad. Sabemos lo que es perder compañeros de lucha, qué es el dolor, qué supone no tener al lado a los seres queridos”, apuntan.

Insisten en que “se habla mucho del reconocimiento del sufrimiento y de las víctimas”, algo que consideran “importante”, pero matizan que “hay múltiples víctimas y sufrimientos generados por la violencia de los estados que siguen sin ser reconocidos: el terrorismo de estado, la tortura, los asesinatos de militantes de ETA, la violencia de las fuerzas policiales…”.

Rechazan que su decisión sea fruto de una derrota policial y presumen que “en estos 50 años, la lucha armada ha hecho una gran aportación para llegar al momento actual y para generar las condiciones existentes”. “Pero ha mostrado también señales de agotamiento para, de aquí en adelante, fortalecer el proceso y lograr mejores condiciones”, detallan.

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114 etarras huidos por Europa, América y África. Esa es la cifra a la que han llegado las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Son los miembros de la banda huidos contra los que existe una orden de búsqueda y captura en vigor, aunque en algunos casos, y a pesar de que la requisitoria tenga plena validez, sus causas podrían haber prescrito ya que la Audiencia Nacional no informa con periodicidad a la Policía, Guardia Civil o CNI de los sumarios que prescriben.
La colonia de personas en el extranjero vinculada de un modo u otro a la banda terrorista es, no obstante, mucho más extensa. Según las estimaciones del Ministerio del Interior a este centenar largo de etarras huidos hay que sumar otras 240 personas. Se trata en su mayoría de colaboradores o simpatizantes de ETA que escaparon al extranjero por temor a ser detenidos o por la sospecha de que seguían sus pasos, pero que en realidad no son reclamados por la Justicia porque nunca se formularon acusaciones formales contra ellos o porque las fuerzas de seguridad, al no poder interrogarles, jamás pudieron probar ante la Audiencia Nacional que estos individuos estuvieran relacionados con la organización terrorista.
Los datos que manejan tanto los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia coinciden en que Venezuela alberga al mayor número de miembros de ETA con causas pendientes. Los espías y agentes españoles tienen constatada la presencia en el país caribeño de, al menos, 33 etarras huidos y en búsqueda y captura activa. Un número que probablemente sea mayor y que se ha duplicado durante los dos últimos años con la constante llegada de miembros de ETA empujados por el arrinconamiento de la organización.

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El debate sobre el futuro de los presos etarras, piedra de toque del proceso final de la banda terrorista ETA, ha cogido a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con más reclusos etarras en sus prisiones. En concreto, 69 terroristas vascos cumplen condena en las cárceles valencianas. Hay 22 etarras en Picassent, 12 en Albocàsser, 11 en Castelló, 12 en Villena y otros 12 en la prisión alicantina de Fontcalent, según los datos de la Asociación Etxerat a fecha de 19 de septiembre de 2011.
Tras Andalucía (148 reclusos) y Madrid (85), la Comunitat Valenciana es la que más presos de ETA encierra en sus centros penitenciarios. De hecho, asume el 12% de los 559 internos de la banda distribuidos por toda España. Hay otros 140 en Francia, uno en Irlanda, uno en Reino Unido, y uno en México.
Después de que la organización terrorista anunciara el pasado jueves el “cese definitivo de la actividad armada”, los etarras internos en la cárcel de Picassent -la cárcel valenciana con más reclusos de la banda- no han cambiado su actitud. “No es gente que se caracterice por una peligrosidad y una problemática especial, ni tampoco por exhibir señales de arrepentimiento. Y esta vez han continuado con su mutismo habitual. Se los veía preparados ante esta decisión”, revelan fuentes de la prisión.
Entre los etarras encerrados en Picassent se encuentran perfiles muy diversos: asesinos, cómplices de asesinato, colaboradores con banda armada, integrantes de organización terrorista o culpables de tenencia ilícita de armas o de dar cobijo a etarras. En Picassent está, por ejemplo, Mikel Azurmendi, condenado a 60 años como autor material de los disparos que acabaron con la vida del concejal Antonio Jiménez Becerril y su esposa en 1998. También cumple condena en Picassent Sergio Polo, condenado a 48 años por asesinar a un guardia civil y herir gravemente a otro -que quedó minusválido- en San Sebastián en 1993.
Tras las rejas del mismo módulo de Valencia II está Manex Zubiaga, condenado el año pasado a 111 años de cárcel por participar en un atentado con coche bomba en un aparcamiento de Madrid en 2001 que provocó heridas a una veintena de personas.

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Los miembros del comando ‘Ituren’ de ETA, Asier Carrera Arenzana, Luis Mariñelarena Garciandía y Diego Ugarte López de Arcaute -que cumplen condena por el asesinato en 2000 del socialista Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez-, han reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que durante el alto el fuego decretado por la banda entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999 realizaron informaciones sobre objetivos, entre ellos la referida al portavoz del PSE en el Parlamento vasco, “para un futuro, por si la tregua se rompía”.

Así lo han manifestado los tres terroristas durante su comparecencia como testigos en el juicio que se ha celebrado ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el ex jefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, quien se enfrenta a la pena de 105 años de cárcel por ordenar el asesinato de Buesa.

Mariñelarena ha identificado a ‘Txapote’ como su jefe e interlocutor con la dirección con la banda, si bien ha negado que le ordenara este atentado, mientras que el resto de miembros del comando negaron conocerle antes de hacerlo en prisión o por sus apariciones televisivas.

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Gracias al acoso policial y al trabajo de los tribunales, la banda terrorista ETA está fundamentalmente formada por presos (703, en total). Y en las cárceles españolas se encuentran la mayoría de ellos, 559, según datos de la Audiencia Nacional. La inmensa mayoría (438) están cumpliendo condena, mientras que 121 se encuentran en prisión preventiva a la espera de que se investiguen y juzguen sus delitos. De todos ellos, nueve salen cada día de prisión para trabajar o estudiar tras haber rechazado la violencia y haber firmado cartas de perdón a las víctimas.

El reparto por sexos entre la población reclusa por delitos relacionados con la banda es mayoritariamente masculino. De los 559 presos, 438 son hombres y 81 mujeres. La mayoría de los condenados (337) se encuentra en primer grado y régimen cerrado, lo que les permite salir de su celda únicamente 5 horas al día para participar en las actividades que se organizan en la prisión. Tradicionalmente, la banda ha obligado a sus miembros a seguir sus protestas en prisión, lo que ha impedido a la mayoría progresar de grado y acceder a beneficios penitenciarios.

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El exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha interpretado la adhesión de los presos de ETA al Acuerdo de Gernika como “un paso claro hacia el final de ETA”. El candidato socialista se ha mostrado “prudentemente satisfecho” con la rubrica simbólica del documento ayer por parte de dos presos, cuando se cumple un año de la firma original del documento, pero ha insistido en que el paso definitivo será cuando la banda anuncie su final.

“No es fácil de decir, pero lo cierto es que este fin de semana hemos visto un paso claro hacia el final de ETA”, ha dicho un Rubalcaba optimista en una entrevista en Canal Sur Radio. El candidato ha recordando, sin embargo, algunas peticiones de los presos son inasumibles por el Gobierno. Se refería, sobre todo, a la solicitud de una amnistía general para el colectivo de etarras internados, pero como Rubalcaba ha recordado, “según nuestra Constitución no hay amnistía, lo que hay es un Código Penal que se aplica preso por preso, individualmente”. “En última instancia, cuando sea y como sea, se aplicará a ellos como al resto de los presos de España”, ha recalcado.

“No existe una salida colectiva”, ha insistido. El hasta hace poco responsable de la lucha antiterrorista ha subrayado que lo importante es que “el fondo de la cuestión es que lo que piden los presos de ETA es que pare la violencia, como ya hizo la izquierda abertzale”. “Es un paso más. ¿El definitivo? No, el definitivo será cuando ETA pare”, ha valorado el exministro, que se ha mostrado, eso sí “prudentemente satisfecho”.

“Hay que seguir, no hemos acabado aunque estamos viendo los últimos pasos de esta historia terrible que nos ha castigado desde hace casi 50 años”, ha manifestado el exministro de Interior.

El sábado, Rubalcaba remarcó que tras este comunicado, no se puede decir ni que todo se ha acabado ni que no ha pasado nada. “Ha pasado una cosa, inédita, importante, un paso adelante en un sector que hasta ahora no lo había dado”, afirmó el exvicepresidente. En ese contexto, el candidato socialista reiteró que “estamos más cerca del final que ayer”.

En una reunión con empresarios vascos el pasado 1 de septiembre, el candidato socialista aseguró que España se encuentra ante el final del terrorismo, aunque abogó por “no cometer errores” y seguir manteniendo la política antiterrorista. Igualmente, Rubalcaba consideró que a Bildu “le falta un trecho por recorrer” e instó a la coalición abertzale a que pida a ETA “inequívocamente” que la violencia ha terminado. “El final depende de la banda terrorista”, sentenció Rubalcaba.

Fuente: politica.elpais.com

Varios encapuchados robaron hace días en torno a 200 matrículas de coche en la localidad francesa de Pau (al sur del país) en una acción atribuida a la banda terrorista ETA, según han confirmado fuentes de la lucha antiterrorista.

Esta acción se produce en el marco del alto al fuego permanente, general y verificable decretado por la banda el pasado 10 de enero. El carácter general de este cese implica, entre otros aspectos, no llevar a cabo acciones de captación de nuevos militantes ni aprovisionamiento de material para perpetrar atentados.

ETA no ha cesado tampoco el robo de coches en el país galo y lo mantiene a un ritmo aproximado de un vehículo al mes. También se han dado casos en los que los terroristas practican más de un robo al mes y después permanecen una temporada sin sustraer más, apuntan estas fuentes, que precisan que no se trata de una actividad regular, sino en función de sus necesidades concretas en cada momento.

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