Un informe secreto enviado el 16 de mayo por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , general Félix Sanz Roldán, a los ministros de Exteriores, Interigor y Defensa analiza con alarma la financiación y las ayudas que proporcionan Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Libia y, sobre todo, Marruecos a los musulmanes en España que ya son 1,2 millones.

“Las consecuencias de la financiación derivan en actitudes negativas para la convivencia, tales como la aparición de guetos y sociedades paralelas, tribunales y policías islámicas al margen de la legalidad vigente, desescolarización de niñas, matrimonios forzados etcétera”, señala el documento del CNI al que ha tenido acceso este periódico.

“No existe suficiente control de los flujos financieros que suponen las donaciones y ayudas que desde otros países se prestan a la comunidad islámica de España (…)”, advierte el principal servicio secreto español. “Se hace necesario que los países donantes sean plenamente conscientes de los riesgos que entraña financiar demandas individuales”.

Para tratar de que tomen conciencia dos altos funcionarios de Asuntos Exteriores y Justicia —el embajador especial Dámaso de Lario y el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia José Manuel LópezRodrigo— efectuaron, a principios de junio, una gira por tres países del Golfo Pérsico (Kuwait, Emiratos y Omán) y, después del Ramadán (el mes de ayuno islámico que este año cae en agosto), proyectan viajar a Arabia Saudí y Catar.

Con anterioridad el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, acompañado de una nutrida delegación de funcionarios de Exteriores, Justicia e Interior, citó en el palacio de Parcén a los embajadores del Golfo a los que pidió su colaboración para poner orden en la financiación del Islam en España. “Todos ellos se mostraron receptivos”, asegura José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que asistió al encuentro.

En esa reunión, celebrada hace cuatro meses, se les entregó un folleto titulado “Sistema de canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de las comunidades islámicas de España”. En él las autoridades españolas explican en tres idiomas (español, inglés y árabe) cómo les gustaría que se encauzase el envío de los fondos del Golfo. Bahrein es el único que nunca hizo donaciones.

El Gobierno quiere que las ricas monarquías petroleras costeen proyectos presentados por las comunidades musulmanas a la Comisión Islámica de España (CIE), el interlocutor oficial que está en plena transformación para ser más representativo. Solo las solicitudes aprobadas por la CIE serían susceptibles de ser financiadas por el Golfo.

La intención del Gobierno es, sin embargo, acabar a medio plazo con la injerencia extranjera. “El derecho y la gestión de la libertad religiosa de los españoles, sea cual fuera su creencia, no puede estar supeditada a ningún país extranjero”, señalaba un informe conjunto de los ministerios de Justicia e Interior elaborado en 2009. “(….) la vida cotidiana de las comunidades y su financiación deben de tener una política propia española y no permitir injerencias, aunque se podría producir un espacio de tránsito”.

En el opúsculo remitido a los embajadores se insiste en que, junto con la ayuda directa a las comunidades musulmanas, sería bueno financiar, por ejemplo, un grado en ciencias religiosas; la formación del clero; libros de texto de religión redactados en España; guías de gestión de servicios públicos para musulmanes; retribución del personal religioso; iniciativas para la normalización del Islam en la prensa etcétera.

Junto con las subvenciones los países del Golfo inundan las mezquitas de opúsculos que irritan a las autoridades españolas. “La Europa de hoy sigue considerando a la raza blanca superior a las de color”, recalca una monografía en castellano publicada por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Qatar bajo el título “Muhammad. El Profeta Ideal”. “Europa, con todas sus pretensiones de iluminar y liderar (…) sigue estando por detrás del Islam”, añade.

Durante la reunión con los embajadores Campo no señaló a ningún país con el dedo, pero en el informe del CNI el peor parado es Kuwait. A través de la Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica (RIHS, según sus iniciales inglesas) ha costeado la construcción de las mezquitas de Reus y Torredembarra (Cataluña) desde donde “se difunde una interpretación religiosa contraria a la integración en la sociedad española fomentando la separación y el odio hacia los colectivos no musulmanes”.

La RIHS kuwaití fue incluida en 2008 por el Departamento del Tesoro de EE UU, y más tarde por Naciones Unidas, en la lista de organizaciones que han financiado a grupos afiliados a Al Qaeda. “El principal beneficiario” de sus ayudas y gestor del dinero saudí en España es, según el servicio secreto, el salafista holandés de origen marroquí Abdelhamid el Hyat. A medio plazo la RIHS proyecta abrir una delegación en España.

Catar, en cambio, se inclina por donar a la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en España “vinculada con los Hermanos Musulmanes” de Siria, según el CNI, que controlan, por ejemplo, el Centro Cultural Islámico Catalán.

Sharjah, integrado en los Emiratos Árabes Unidos, tiene, en cambio, preferencia por los conversos españoles reagrupados en Al Morabitun a los que costeó la mezquita Albaicín de Granada y está dispuesto a ofrecerles otra en Sevilla.

El líder libio Moamar el Gadafi también ha mostrado, cuando aún disponía de medios, predilección por los conversos españoles agrupados en la Junta Islámica de España. Con su presidente, el psiquiatra radicado en Córdoba Francisco José Escudero, que adoptó el nombre árabe de Mansour, fallecido en octubre pasado, estableció una “relación personal”, según el CNI.

El servicio secreto da cuenta en su informe de algunas operaciones puntuales de financiación, como los 300.000 euros que pagó Catar para remodelar el Centro Cultural Islámico Catalán, pero no proporciona cifras globales. “En su mayor parte se utilizan cauces alternativos para hacer llegar dichas donaciones que escapan al control de los regulares del sistema financiero español”, señala.

Ni que decir tiene que el más generoso es Arabia Saudí. A las donaciones directas de la familia real se añaden las de su Embajada en Madrid y de un sinfín de asociaciones benéficas más o menos oficiales. La retahíla de mezquitas y centros receptores de sus ayudas “no se caracterizan por su elevado nivel de radicalismo”, según el CNI, aunque su “sumisión” a las directrices saudíes es total.

No solo los radicales se aprovechan de la generosidad del Golfo sino también individuos que se otorgan “una representatividad impropia” y llegan incluso a “apropiarse de forma indebida de los fondos obtenidos”, advierte el CNI. Por eso algunos viajes a la zona para recaudar subvenciones “se hacen en el más absoluto secreto y sin conocimiento” de la comunidad islámica en cuyo nombre se piden. Si se consiguen no siempre sirven al fin declarado por el que las solicitó.

Fuente: politica.elpais.com

“La causa general (que investiga a la red de extorsión de ETA) también lleva mucho tiempo, un montón de años durmiendo el sueño de los justos y en esa causa existe un pieza secreta también desde hace un montón de tiempo que creemos puede estar relacionado con las cuentas y con el dinero depositado en paraísos fiscales. Es el momento de personarnos para impulsar esa investigación”, ha dicho el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Origen de las cuentas

En concreto, García se ha referido a la posibilidad que el origen de algunas de esas cuentas de la banda esté en el dinero procedente de los fondos reservados. “Se trata del entramado de financiación de la banda”, ha recordado García quien ha considerado una obligación determinar “si ETA tenía dinero en paraísos fiscales y si ese dinero procedía de los fondos reservados”. También “si hay cuentas, si no hay cuentas, de dónde procede ese dinero… eso es lo que hay que aclarar”.

La decisión de personarse en esta causa fue aprobada ayer por este colectivo tras una sesión extraordinaria de su junta y después de las declaraciones del ex director de la Policía, Juan Cotino, quien acusó al Gobierno socialista de haber aportado dinero de los fondos reservados en 2006.

Las declaraciones de Cotino
“Existe la obligación de demostrar que eso haya ocurrido”, ha añadido el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, quien ha asegurado que las declaraciones de Cotino “son cualificadas”. “Algo sabe del tema”, ha apostillado durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del abogado de la asociación Jesús Martín Vázquez, quien ha calificado al ex director de la Policía como un “importante conocedor del entramado de Interior”.

Al ser preguntados por los medios de comunicación acerca de si otorgan crédito a esas acusaciones de Cotino, los propios representantes de la UO han recordado que ayer el ex responsable policial matizó sus palabras y afirmó no tener pruebas. No obstante, Martín Vázquez ha defendido que el mero hecho de que “durante un tiempo mantuviese esas insinuaciones ya es lo suficientemente importante para personarse”.

En cualquier caso, García ha explicado que las declaraciones del ex director de la Policía tan sólo han sido el “enganche” para que su colectivo pida la personación en esta causa. “No han sido condicionantes, ya barajábamos personarnos hace tiempo, lo que ha hecho Cotino es propiciar el momento”, ha dicho García quien también han considerado relevante los cambios experimentados en el Juzgado de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos y en concreto la salida de su anterior titulat Baltasar Garzón.

Ha recordado que el ‘caso chivatazo’ -en el que este colectivo ya está personado junto con el PP- “se pretendía archivar y en cuanto se ha hurgado, se ha visto que había y mucho”. Al ser preguntado por esta investigación ha insistido en la tesis de que ningún policía tomaría la decisión de parar una operación policial si no es con una orden política previa. Al mismo tiempo ha pedido al Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique por qué en su día afirmó que los cortes en las cintas que grababan el bar faisán el día del soplo no eran fruto de una manipulación.

Recurso ante el tribunal
Asimismo, en la rueda de prensa de hoy la UO ha anunciado también la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 3 de noviembre de 2010 archivó una querella presentada por este colectivo contra el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por presuntos delitos de nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.

La querella respondía a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en prevención de riesgos laborales.

Pese a todo ello, 4 de los 15 puestos se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía, y que además no reunían los requisitos de formación solicitados, según la asociación denunciante.

Fuente: ecodiario.eleconomista.es

Fuente: lasprovincias.es

El Departamento del Tesoro señaló a Abul-Khair como “líder de la sección financiera de la organización terrorista Al Qaeda” y le acusó de actuar en nombre de la red terrorista, por lo que procedió a congelar todos sus bienes por orden ejecutiva.

La orden 13224 prohíbe además a cualquier persona de Estados Unidos participar en cualquier transacción con Abul-Kair, medidas a las que se ha sumado Naciones Unidas.

Abul-Khair forma parte de una lista de 85 personas publicada en 2009 buscadas por el Gobierno de Arabia Saudí, por su papel como facilitadores financieros de la red terrorista Al Qaeda.

Según el Tesoro estadounidense, Abul-Khair ha transferido cientos de miles de dólares para financiar “atentados terroristas específicos contra intereses estadounidenses”.

Estados Unidos también acusa a Abul-Khair de formar parte del comité de Al Qaeda y de haber participado, al menos en una ocasión, en el reclutamiento de un miembro de la organización.

“Su relación con Al Qaeda comienza con el entrenamiento militar que el grupo le dio a mediados de los 90. Abul-Khair es además yerno de Osama bin Laden, para quien ha trabajado también como guardaespaldas”, indica el Tesoro en un comunicado.

Con esta medida, el Tesoro quiere evitar que Abul-Khair llegue a convertirse en el sustituto de Mustafa Abu al-Yazid, que fue interceptado por un avión no tripulado estadounidense en suelo paquistaní el pasado mayo y realizaba las labores de jefe de operaciones financieras.

Tras la muerte de Al-Yazid “continuaremos trabajando con nuestros aliados para localizar a aquellos que como Abul-Khair podrían sustituir a Al-Yazid”,señaló el subsecretario contra el terrorismo e inteligencia financiera, Stuart Levey.

Fuente: google.com

Ayarzaguena admitió que había una fuente de financiación más ortodoxa “a través del Rectorado cuando se presentan las candidaturas a representantes en el Consejo de Estudiantes y al claustro” y otra, cuando menos poco habitual, “que se realizaba acudiendo como público a programas de televisión”.

“Luego el dinero se utilizaba para comprar plástico y pinturas para realizar carteles y pancartas“, detalló este arrestado que reconoció ser militante de Ikasle Abertzale desde hace cuatro años, concretamente desde que inició sus estudios de Bellas Artes en la UPV en Leoia y llegó a ser responsable del sindicato durante los años 2006 y 2007.

De hecho, sus conocimientos en el dibujo y las artes plásticas le valieron cierto reconocimiento dentro de los ambientes juveniles abertzales. Primero fue nombrado “diseñador oficial a nivel nacional de carteles y la maquetación de la agenda escolar” de Ikasle Abertzale, para posteriormente dar el salto a Segi donde desempeñó funciones similares.

Este detenido aseguró que recibía remuneración de la organización juvenil ilegalizada a cambio de hacerle sus panfletos, pancartas y otra cartelería. Estos materiales luego “eran distribuidos por el País Vasco, Navarra y la zona francesa de los Pirineos Atlánticos”. Detalló que su último encargo fue antes del verano y entre sus trabajos se encuentra un cartel del treinta aniversario de Segi. Pese a esta vinculación, negó ser integrante de Segi y matizó que en el sindicato tan sólo era “militante de base”.

El nexo entre Ikasle Abertzale y Segi confluye en la extensa red de organizaciones y plataformas englobadas bajo el paraguas de la izquierda abertzale. Según declaró, Ayarzaguena, de 21 años de edad, “en ocasiones” acudió a “asambleas abiertas” que organizaba Segi a las que asistía como representante de Ikasle Abertzale de la Facultad de Bellas Artes.

Eskualde de duranguesado

Eñaut Ayarzaguena Bravo fue detenido y encarcelado tras una macroperación desarrollada en el País Vasco y Navarra por la Policía y la Guardia Civil el 24 de noviembre de 2009 en la que fueron arrestados más de treinta jóvenes acusados de integrar Segi. Tras esta operación el Ministerio del Interior dio por descabezada la cantera de la banda.

En concreto, según el auto dictado por el juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, era el responsable del eskualde de Segi en Duranguesado. Natural de Iurreta, fue detenido en Vizcaya. Según el auto del juez, fue identificado en un acto con motivo del ‘Boroka Eguna’ convocado por Segi y celebrado el 12 de enero de 2007.

No obstante, Ayarzaguena no era el único de los 34 detenidos la madrugada del 25 de noviembre que había compaginado su relación con Segi con sus funciones de representante estudiantil en el universidad. Es el caso de Joseba Dalmau Cherino, matriculado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, formó parte del Consejo de Estudiantes de la universidad en 2007.

Fuente: elmundo.es

Siete jueces de esta corte consideraron que el Gobierno debió buscar la aprobación parlamentaria sobre la congelación de activos.

Conocidas como “órdenes del consejo”, estas medidas fueron establecidas en 2006 por Gordon Brown cuando era ministro de Economía y tomadas de unas resoluciones de las Naciones Unidas de ese mismo año para luchar contra el terrorismo.

En su día, el Tribunal Superior de Londres ya había considerado “injustas” estas órdenes, pero este dictamen fue rechazado por un tribunal más alto, el de Apelación, tras lo cual los cinco hombres decidieron recurrir ante la máxima instancia judicial.

Al llegar hoy a su dictamen, el tribunal señaló que, “incluso ante la amenaza del terrorismo internacional, la seguridad de la población no es ley suprema. Tenemos que ser cuidadosos de vigilar usurpaciones sin restricciones de la libertad personal”.

“Nadie debería concluir que el resultado de estos recursos constituya una interferencia judicial en la voluntad del Parlamento.

Por el contrario, apoya la supremacía del Parlamento en decidir si las medidas que afectan los derechos fundamentales de quienes (viven) en este país deberían o no ser impuestas”, resaltó el juez Lord Phillips, presidente del Tribunal Supremo.

Los cinco hombres han negado cualquier vínculo con actividades terroristas y decidieron llevar su caso ante los tribunales debido al impacto “humillante y devastador” que la medida había tenido sobre sus actividades diarias.

Si bien nunca fueron acusados, los hombres fueron considerados sospechosos de facilitar actividades terroristas en 2007.

El fallo de hoy pone en duda el futuro de estas órdenes, por lo que el Tesoro tiene un plazo de un mes para evaluar la situación.

Los cinco hombres eran conocidos hasta ahora por sus iniciales, pero el Tribunal Supremo ha levantado la prohibición sobre su identidad. Se trata de Mohammed al-Ghabra, Hani el Sayed Sabaei Youssef, Mohammed Tunveer Ahmed, Mohammed Jabar Ahmed y Mohammed Azmir Khan.

Fuente: abc.es

Fuente: lasprovincias.es

Las autoridades italianas emitieron una orden europea de detención de Sennia Rabah, que fue localizado en Pamplona. La Guardia di Finanza le considera responsable de delitos de asociación para delinquir y fabricación de documentos de identidad falsos. En el registro de su domicilio se encontraron un ordenador portátil, varios teléfonos móviles, tarjetas telefónicas y diversa documentación que está siendo analizada. Trasladado a Madrid, Rabah ha ingresado en prisión por orden del juez central 6 de la Audiencia Nacional, en espera de su traslado a Italia.

Las investigaciones fueron iniciadas por la Guardia di Finanza en 2007, que montó un operativo denominado “Special Hajj”, coordinado por la Fiscalía de Milán. La información puso al descubierto una organización relacionada con el fundamentalismo islámico argelino que operaba en Italia y tenía ramificaciones en media docena de países europeos, entre ellos España.

Los detenidos obtenían recursos financieros en Europa, que enviaban a Argelia. La asociación se financiaba con la comisión de robos y hurtos, con los que llegó a obtener un millón de euros en tres años. El dinero se enviaba desde Italia a Argelia sin superar los 10.000 euros, cantidad de moneda exportable legalmente, utilizándose cada vez una identidad distinta.

Según la Guardia Civil, los miembros del grupo adoptaban la costumbre musulmana de la taqiyya, asumiendo costumbres occidentales para poder actuar con más facilidad contra sus objetivos.

Fuente: elpais.com

La denominada “Operación Green” comenzó en diciembre de 2005 con la detención de siete personas, entre quienes se encontraban cinco de las mencionadas anteriormente. Un mes después se detuvo a Abdelfatah en Naji, alias “El Checheno”, mientras que Salah Edinne Berkoun, sobre quien pesaba una orden de búsqueda por esta operación, se entregó a la Audiencia Nacional en junio de ese mismo año.

Identificación por el móvil
Gracias a una serie de recargas telefónicas realizadas con una tarjeta de crédito robada se identificó a los hoy acusados, así como a otros dos miembros de la célula, el citado Redouan Kerleb y Abdelhakim Fekkar, alias “Hakim” (que permanece en busca y captura).

Fuente: levante-emv.com

Fuente: eldiariomontanes.es