La interposición de la demanda se produce después de que la justicia francesa haya abierto una investigación sobre las causas del atentado, en las que pretende esclarecer las circunstancias de la venta de submarinos franceses a Pakistán en 1994 y el pago de unas presuntas comisiones ilegales.

El abogado de la acusación, Thibault de Montbrial, alegó en unas declaraciones a los medios franceses que “la organización y los medios utilizados en materia de seguridad de los empleados de la DCN no estaban de ninguna manera adaptados a la situación” de peligro en el país, una circunstancia “que el empleador no podía desconocer”.

Asimismo, el letrado afirmó que “el análisis minucioso de los hechos revela una serie de carencias terribles”, y apuntó directamente al ex responsable de seguridad enviado por la DCN a Pakistán, Gérard Clermont.

Según la acusación, Clermont hizo caso omiso a consignas como las de cambiar diariamente el horario y recorrido del autobús en el que se trasladaban los ingenieros, y que sufrió el atentado mortal, a pesar de que los trabajadores eran conscientes de que el vehículo “era uno de los puntos débiles del sistema de seguridad”.

Por su parte, Clermont señaló el año pasado ante una comisión de investigación que “no (se) esperaba” un atentado, aunque doce días antes del mismo el responsable de seguridad fue informado de una amenaza que pendía sobre los franceses.

En la investigación paralela sobre las causas del atentado, la acusación sostiene que fue la congelación de las comisiones ilegales la que pudo provocar que los servicios secretos paquistaníes quisieran vengarse de Francia y organizaran así el atentado.

El caso tiene también ramificaciones políticas, puesto que algunos testigos han señalado que parte de las comisiones pagadas a Pakistán pudieron volver a Francia para financiar la campaña de las Presidenciales de 1995 del entonces primer ministro, Edouard Balladur, cuyo portavoz era entonces Nicolas Sarkozy, quien también ocupaba la cartera de Presupuesto. EFE

Fuente: abc.es

Fuente: laverdad.es

Cientos de personas acudieron al monumento erigido para homenajear a los muertos por esos sucesos en varios establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, sorprendidos por la explosión mientras presenciaban por televisión la final de la Copa Mundial de fútbol Suráfrica 2010.

Al memorial asistió la ministra de Asuntos Internos ugndesa, Hillary Onek, además de otras personalidades.

La víspera, el presidente Yoveri Museveni, también homenajeó a los muertos en las explosiones.

Quiero que los familiares sepan que nunca olvidaremos este día trágico. Sufriremos siempre por los jóvenes masacrados por terroristas insensibles, dijo el mandatario, citado por la prensa local.

Fuente: prensa-latina.cu

El documento, titulado ‘Socializar la reconciliación’, en contraposición a la «socialización del sufrimiento» que propugnaba la ponencia Oldartzen, llega en un momento en el que la legalización de Bildu y sus resultados electorales -que le han permitido conseguir la Diputación de Gipuzkoa y la alcaldía de San Sebastián- han diseñado un nuevo escenario en el País Vasco. La difusión del texto, además, tiene lugar después de que los propios dirigentes de Bildu hayan anunciado que uno de los ejes de su actuación va a ser el trabajo a favor de los presos de la banda, aunque sin concretar qué pasos darán en este sentido.
El comunicado de los internos disidentes de ETA tiene dos apartados diferentes. En el primero se realiza una revisión histórica de cómo ha llegado la izquierda abertzale, de la mano de Bildu, a dar por finalizada «de forma irreversible e incondicional» la lucha armada. En la segunda parte, los presos ofrecen su opinión de cuál deben ser los pasos que conduzcan a superar la actual situación.
Al realizar un análisis histórico, recuerdan la denominada doctrina Oldartzen en la que ETA apostó por extender el terror a todos los estamentos sociales y que en la práctica supuso que la banda comenzase a asesinar a políticos del PP y del PSE -desde el año 1995 ha matado a 40 cargos de estas formaciones- o a llevar la violencia callejera a sus mayores extremos de tensión.
A juicio de los disidentes, esa estrategia supuso que el apoyo electoral de la izquierda abertzale descendiera a cifras históricas, una crisis agudizada por el fracaso de las conversaciones de Loiola y el atentado de la T-4. En su opinión, los movimientos posteriores de Sortu y Bildu en los que han rechazado el terrorismo «son tan contundentes e irreversibles con respecto a la violencia que no dejan espacio a los que pudieran estar tentados de seguir utilizándola». No obstante, los internos consideran que si ETA tuviera el mismo convencimiento que Batasuna con respecto al final de la violencia, «las cosas se hubieran planteado de manera más clara, creíble y efectiva». Al reflejar esta incertidumbre sobre el papel de la banda, los presos sí que consideran que «si algunos decidieran continuar, ya no sería ETA, sería algo marginal, sin ningún apoyo social».
Los exmiembros de la organización recuerdan también que Bildu firmó el denominado Acuerdo de Gernika. En ese texto, rubricado en septiembre del año pasado y que tenía el apoyo de la izquierda abertzale, Aralar, EA, Alternatiba, así como sindicatos como LAB, se rechazaba la violencia, se reclamaban medidas para los presos pero también gestos a favor de «la reconciliación y reparación de todas las víctimas».
En opinión de los internos, no se puede esperar a que la banda escenifique su final porque eso supondría «dejar que los presos y las víctimas carguen con la parte más difícil de solucionar». En ese apartado, los presos realizan cuatro propuestas a Bildu.
«Superar las heridas»
La primera de ellas supone realizar «una reflexión crítica del pasado». «Sin olvidar las responsabilidades de los demás, tenemos que plantear claramente que en toda la izquierda abertzale tenemos una responsabilidad colectiva», escriben. La segunda propuesta implica «empezar a poner las bases de una nueva convivencia en la sociedad». Al hablar de esta futura convivencia, los presos reconocen que la reconciliación «será difícil y llevará su tiempo». Su objetivo final es una sociedad normalizada «en la que se reconozca y se respete al que piensa diferente». Aunque no los explicitan, los internos reclaman «gestos concretos y de calado» que permitan «superar las dramáticas consecuencias generadas durante años».
En el cuarto punto los presos profundizan más en esta idea y defienden que, sin esperar más tiempo, se comiencen a dar pasos «privados y públicos» en los que se plantee «la reconciliación de todas las víctimas». «Hay que empezar a abrir espacios de entendimiento para crear un clima favorable y superar las heridas creadas», añaden.
El último punto que tratan los internos es el de la situación de los presos. En este campo, los disidentes son tajantes: «no se puede dejar el tema de los presos en manos exclusivas de ETA». Piden a Bildu que «desbloquee el tema» y recuerdan que opiniones por las que la banda ha llegado a considerar traidores a quienes las asumían son las mismas que Batasuna ha tenido que aceptar al plantear la legalización de Sortu. Para los disidentes, si la izquierda abertzale ha podido dar esos pasos, sus actuaciones son igual de válidas. Así, emplazan a Bildu a que actúe con los presos «con la misma determinación que tuvieron para su legalización». «No se pueden limitar a las declaraciones y a convocar manifestaciones periódicas», concluyen.

Fuente: lasprovincias.es

Al acto han acudido María del Mar Blanco, diputada del Parlamento Vasco y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco; los hermanos Macarena y Pablo Muñoz Cariñanos, hijos del coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos, asesinado por ETA el 16 de octubre de 2000, en Sevilla, y María del Carmen Heras, viuda de Fernando Múgica, asesinado en 1996.

También han asistido Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado el 9 de octubre de 2000, y presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, y Carlos María Ruiz Cortadi, delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Madrid.

Ha estado presente asimismo Mónica Sánchez, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha afirmado que los atentados y los asesinatos “son crímenes no sólo contra las víctimas que los sufren directamente, sino contra toda la sociedad, porque suponen una coacción inadmisible a nuestra democracia y por eso tenemos que estar a su lado.

Sobre la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras tras las elecciones del pasado 22 de mayo, De Foxá ha dicho que “los miembros de la coalición han comenzado a despojarse de su piel de cordero” y “sus actitudes son las mismas de siempre”.

“Nada ha cambiado y ya nadie duda de que Bildu, Batasuna y ETA son la misma cosa”, ha añadido.

El alcalde también ha recordado a las víctimas del 11-M, sobre las que ha dicho que “aún siguen muy vivas en nuestro recuerdo las imágenes del terrible atentado del 11-M, que fue un día muy trágico para la Comunidad de Madrid y el resto de España”. EFE

Fuente: abc.es

Se trata de un proyecto, hasta ahora pionero y el mas arraigado en España, ideado para lograr concienciar a los más jóvenes de que la violencia no es el camino a seguir en un país democrático. Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación, junto con Pedro Mari Baglietto, coordinador del proyecto, y Cristina Cuesta, vicepresidenta de la Fundación, se han encargado de trasladar a los jóvenes escolares los valores de la tolerancia y de la no violencia.

“En nombre de los ideales más justos se han cometido las mayores atrocidades” comenta Maite Pagazaurtundúa en sus charlas. “Los fanáticos -les dice a los alumnos- piensan que asesinan por amor, por justicia o por salvar a su pueblo. No hay atisbo de responsabilidad o culpa por las vidas que quedan en el camino. El terrorismo utiliza la violencia y deshumaniza a sus víctimas. Y, sin embargo, no es difícil sucumbir al “gen del mal” que todos los seres humanos llevan dentro”.

Por ese motivo, la presidenta de la Fundación les dice que “nunca hay que actuar por venganza, que te mata por dentro y te convierte en un ser monstruoso”.

Cristina Cuesta les relata su historia personal y la hace girar en torno a la evolución de la conciencia ciudadana frente al terrorismo, que pasa por distintas fases, desde los oscuros años ochenta hasta la enorme solidaridad alcanzada tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cristina les explica a los alumnos el verdadero sentido de las palabras Memoria, Dignidad y Justicia y acaba recordando las historias personales de las víctimas asesinadas el día de la charla, relatadas con nombre y apellidos en el libro ‘Vidas Rotas’ (Espasa).

Pedro Mari Baglietto les cuenta cómo aquel niño al que su hermano Ramón salvó de ser atropellado por un camión, años más tarde acabaría con su vida en nombre de ETA. Centra su intervención en el contenido de su libro ‘Un grito de paz’, en el que narra el último día de vida de Ramón, “un vasco -dice- asesinado por otros vascos”.

En un momento de su intervención, Pedro María les argumenta a los alumnos que si algún día se encontrara con el asesino de su hermano le diría que lo que les diferencia a ambos es que él no le mataría.

Las charlas tienen una duración de una hora aproximadamente y se celebran en grandes aulas o en los salones de actos de los Centros Escolares. A ellas asisten también profesores y la dirección del colegio. Y cuando finalizan las intervenciones de Maite o Cristina o Pedro Mari se abre un turno de preguntas para los asistentes. A veces, las preguntas son tan oportunas que permiten la reapertura de nuevos debates en torno a la violencia.

REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS

La revista incluye además algunas reflexiones de los alumnos después de asistir a estas charlas. “Me transmitió sentimientos, dolor, angustia, tragedia, pena, pero también, paz y perdón”, dijo Carlos S.P. de 15 años. “Sólo se expresó con palabras y supo mantener a 60 adolescentes durante dos horas en vilo y eso no es tarea fácil”, comentó Antonio G., otro alumno de la misma edad.

Por su parte, Laura H., de 16 años afirmó que “solo viviéndolo de primera mano uno se da cuenta de lo que la gente sufre. Realmente aprecio el gran esfuerzo realizado por llegar a perdonar”. “En ciertos momentos hay que pararse a pensar en las cosas antes de tomar una decisión o una postura”, concluyó Luis P, de 15 años.

Fuente: europapress.es

«No sé cómo después de afirmar eso puede seguir como ministro del Gobierno», afirma Gotzone Mora. A su juicio, las palabras de Jáuregui suponen un «insulto no sólo hacia los valencianos, sino para todos los españoles». Mora, quien vive en Valencia desde que en 2007 el Consell le propusiera integrarse en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, sufrió su primer intento de atentado en el año 2000. Desde entonces vive amenazada y va con escolta.
En su opinión, entre la situación de la Comunitat Valenciana y el clima político en el País Vasco -incluso con un gobierno no nacionalista- no cabe comparación alguna. «Es absurdo venir a esta tierra a equiparar su situación política con la del País Vasco, donde hay gente que mata y otros que favorecen a los terroristas. No existe comparación posible», valoró.
«Allí no hay libertad porque más de la mitad de la población vive en el más absoluto de los silencios; cuando alguien se manifiesta, lo paga. Sencillamente no existe la pluralidad política», añade Mora mientras insiste en el sin sentido de equiparar ese clima de opresión con la situación de la Comunitat.
«La única opción para la mayoría allí es el silencio, salvo para los que hemos decidido dar un paso adelante y todavía estamos perseguidos por ello. Aquí, por el contrario, la sociedad valenciana ha tendido la mano a las víctimas y nos ha acompañado en los momentos de soledad», insiste Mora.
Consuelo Ordóñez, hermana del disputado del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, coincide con Mora a la hora de valorar el régimen de terror bajo el que viven quienes se atreven a «significarse públicamente». «En el País Vasco, quienes están a favor del terrorismo pueden vivir muy bien», manifiesta Ordóñez, quien no acierta a entender por qué Jáuregui insinuó que en la Comunitat hay «miedo» a expresar determinadas ideas políticas.
«No le creía capaz de cometer una torpeza tan evidente, precisamente a él. Tras sus acusaciones, Jáuregui debería demostrar qué miedo real puede existir en la Comunitat, por ejemplo, por discrepar del partido que gobierna», asegura la hermana del diputado asesinado, quien hace siete años decidió fijar su residencia en Valencia porque su situación personal en el País Vasco se había vuelto «insostenible». Sus padres se marcharon con ella.
Por ello, reconoce que se quedó «de piedra» cuando escuchó al ministro. «Desafortunadas es poco», manifiesta en referencia a las declaraciones de Jáuregui. «Que me digan a mí si es lo mismo vivir aquí o allí. Compararlo es un atrevimiento que no me esperaba de él», insiste. A su juicio, sus palabras «no pueden ser fruto de la ignorancia».
Ordóñez amplía el análisis y se refiere incluso a la sorpresa que le causó la «libertad de prensa» que se encontró en Valencia frente al funcionamiento de los medios de comunicación durante la etapa del PNV en el Gobierno. En su opinión, el ministro debe de estar «arrepentido» por su «salida de tono».
María del Mar Blanco es otra de las personas más autorizadas para valorar la oportunidad de la comparación que hizo Jáuregui por su condición de víctima que, además, conoce la realidad de la Comunitat. Para ella, «en cualquier pueblo de España existen espacios de libertad y normalidad democrática que, desgraciadamente en el País Vasco no hay». Pese a todo, observa que en los últimos meses se han dado pasos hacia la normalización.
«En la Comunitat he gozado de plena libertad para moverme y para hablar, cosa que en el País Vasco todavía no es posible. No sé a qué viene la comparación», confiesa a este diario la hermana Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA.
Al margen de la valoración de las víctimas, las críticas del Consell y el PP arrecieron ayer. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reivindicó que la Comunitat es un «paradigma de la libertad» en España. El jefe dijo estar «orgullosísimo» de presidir «la comunidad autónoma más libre y más democrática de toda España» y manifestó que la Comunitat «sólo es hostil a aquellos que no creen en la libertad».

Fuente: lasprovincias.es

En declaraciones a Onda Cero, Pedraza ha confesado que aunque como cada mañana a las 7.39 siente dolor y “un pinchazo en el corazón” al recordar los atentados en los que hace siete años perdió a su hija y en el que murieron otras 191 personas y otras 1.927 resultaron heridas, hoy ha sentido al mismo tiempo “esperanza por esa declaración de los Tedax”.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, interrogará este viernes, en calidad de testigos, a 24 tedax de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ que intervinieron en el traslado de los restos de explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo de 2004, según informan fuentes jurídicas.

La magistrada ha dictado una providencia en la que cita a declarar a los agentes coincidiendo con el séptimo aniversario de la masacre, en la que perdieron la vida 192 personas y más de 1.800 resultaron heridas. Las declaraciones comenzaron a las 9.00 horas y se prolongarán en esta sesión hasta cerca de las 19.30 horas.

Otros 24 funcionarios de los Tedax han sido citados a declarar el próximo lunes. Todos los agentes participaron en la recogida y traslado de los restos de artefactos hallados en las vías de acceso a Madrid, la calle Téllez y en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia, El Pozo del Tío Raimundo y Atocha.

La citación se produce en relación con la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el que fuera comisario jefe de los Tedax cuando se produjeron los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano.

Sánchez Manzano fue el máximo responsable de los agentes encargados de la desactivación de las bombas de los atentados de Madrid y el que se hizo cargo de las muestras de los explosivos.

Según la querella, su actuación dificultó conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta de los terroristas. Por ello, acusan a Sánchez Manzano de los delitos de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos.

En julio del 2006, el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, le llamó a declarar debido a que desde la unidad de los Tedax se había remitido una mochila que no era la que supuestamente se encontró en uno de los trenes sin estallar.

Durante el juicio por los atentados, el colectivo de víctimas solicitó la deducción de testimonio contra aquellos funcionarios públicos cuya labor estuvo “muy lejos” de ser reflejo de la “magnífica profesionalidad” desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en clara alusión a Sánchez Manzano.

Fuente: elmundo.es

“No aceptamos ni el plan A de Sortu, ni el plan B de las agrupaciones, ni el plan C de Eusko Alkartasuna”, ha advertido la AVT en un comunicado suscrito también por Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y las asociaciones de víctimas de Canarias, La Rioja y Murcia.

Las asociaciones y colectivos de víctimas decidieron en una reunión celebrada el martes dar una respuesta contundente a las intenciones de la organización terrorista para estar presente en las elecciones y decidieron convocar a los ciudadanos para salir a la calle a exigir que se ponga freno a la banda.

Las víctimas alertan de que el regreso de ETA a las instituciones supondría “un paso terrible, en la peor dirección”, porque “liquidaría” las esperanzas de derrotar a la banda terrorista y han reclamado “menos retórica y más claridad”, “menos cálculo y más determinación”.

Por ello, consideran “ofensiva” la “complacencia” y la “euforia” con la que, a su juicio, destacados dirigentes políticos han acogido la “última trampa electoral de ETA”.

“Consideramos especialmente alarmantes los intentos de endosar en exclusiva a los tribunales de Justicia la responsabilidad de impedir la presencia de ETA en las elecciones. La responsabilidad primera es del Gobierno, porque es el Gobierno quien debe aportar las pruebas necesarias para frenar los planes de ETA”, han subrayado.

Exigen el cumplimiento íntegro de las condenas

Las víctimas del terrorismo han rechazado también los “apaños penitenciarios” que, en su opinión, tienen por objetivo reducir el tiempo en prisión de los terroristas y han exigido el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las condenas.

“Condenamos la perversa política del ‘palo y la zanahoria’ que hurta a las víctimas, sin contar con ellas y bajo engaño, su principal derecho: la Justicia”, han denunciado.

Con esta movilización, las víctimas vuelven a la calle después de las masivas manifestaciones que protagonizaron la pasada legislatura de la mano de miles de ciudadanos en contra de la negociación con la organización terrorista y el diálogo abierto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En total, entre los años 2005 y 2007 movilizaron hasta en ocho ocasiones a la ciudadanía en las calles de Madrid bajo el liderazgo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Su principal exigencia era la no negociación con ETA, aunque también defendieron firmeza con el ex preso etarra Iñaki de Juana Chaos y rechazaron la legalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Fuente: elmundo.es

“Aunque intenten transformarlo, ETA acecha y se vuelve a hacer presente en la escena política sin desvelar ninguna incertidumbre, sino, al contrario, acrecentando y confirmando su nueva presencia poniendo nombre a un nuevo partido que si en su sola expresión nada significa, nos altera con nuevos pánicos renovados”, indica Covite en un comunicado.

La organización de víctimas destaca el hecho de que Sortu, que “se presenta con unos estatutos aparentemente respetuosos con los requisitos legales”, no hace mención al pasado terrorista de ETA y a sus más de 800 víctimas mortales, además de heridos, amenazados y extorsionados.

“Guardan silencio sobre la violencia pasada, una actuación que resulta hipócrita y nos demuestra el cinismo de este tipo de personas que han pontificado durante más de dos décadas, basando su dudoso prestigio en el engaño, la soberbia, la impunidad y la colaboración con los terroristas”, agrega el comunicado.

Ante la presentación de Sortu, Covite expresa su confianza en la justicia y en “la actuación de nuestro sistema judicial en orden a garantizar el orden constitucional”.

“No queremos terroristas en las instituciones”, continúa. “Evitemos una nueva vía de financiación del terrorismo etarra, recordemos que Sortu no rechaza la violencia ejercida anteriormente por ETA y que quienes la han presentado en sociedad han sido los cerebros de las estrategias que posteriormente ETA se encargó de ejecutar”.

Fuente: diariosigloxxi.com