Feb 27 2009
El Poder Judicial critica el control de terroristas y violadores excarcelados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe «muy crítico» con la reforma penal que impulsa el Gobierno, proyectada en su momento por el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, para introducir un sistema de libertad vigilada para terroristas o violadores una vez cumplida la condena, ya que considera que «no es compatible» con el régimen progresivo penitenciario y presenta dificultades legales.
El proyecto de excarcelación controlada de delincuentes peligrosos, reclamado y apoyado también por el PP, fue producto del malestar social que provocaron casos como la excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, que tras abandonar la cárcel por 25 asesinatos pasó a vivir cerca de familiares de una de sus víctimas. También levantaron polémica la salida de prisión de agresores sexuales de dudosa rehabilitación, como el del Vall d’Hebrón o el conocido como ’segundo violador de l’Eixample’.
La reforma legal propuesta por el Gobierno, en síntesis, crea para estos casos un sistema de libertad vigilada que permita controlar a ese tipo de delincuentes para impedir que reincidan o que puedan de alguna manera incomodar a sus víctimas. El Poder Judicial, en informe que no es vinculante, replica que ese modelo «establece un sistema restrictivo de derechos porque se basa en una responsabilidad dilatada en el tiempo», por lo que entraría en colisión con medidas penitenciarias ya vigentes como el tercer grado o la libertad provisional.
«Un retroceso»
El estudio avisa de que el proyecto de Justicia choca con el régimen penitenciario porque puede suponer «un retroceso con respecto al régimen de cumplimiento de la pena de prisión en libertad condicional», en el caso de que el reo haya accedido a la misma. Por ello, el Poder Judicial señala que para aplicar el sistema de libertad vigilada sería imprescindible que el penado no haya estado en libertad condicional o, en su defecto, que las medidas que se le impongan tras salir a la calle no supongan un régimen de vida más restrictivo.
Por último, el consejo apoya que los delitos de terrorismo de carácter grave no prescriban nunca, pero rechaza el agravamiento para los delitos contra la libertad sexual, cocinado en la conmoción que provocó el asesinato de la niña Mari Luz.
Fuente: ideal.es