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La investigación judicial del atentado terrorista contra la mutua judía AMIA, el mayor de la historia de Argentina, deberá volver sobre sus propios pasos para que la muerte de 85 personas no quede impune. Así lo ordenó la Corte Suprema en un fallo en el que rescata buena parte del proceso judicial, anulado hace cuatro años por irregularidades en la actuación del juez federal Juan José Galeano, que fue destituido del cargo.

Guillermo Borger, actual presidente de la AMIA, declaró satisfecho que «estamos en el camino para que nuestros muertos no mueran dos veces». Quince años después de que un conductor suicida se estrellara con una furgoneta, cargada de explosivos, contra la fachada de la institución israelí en Buenos Aires, la máxima instancia judicial dejó sin efecto la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que significó, a efectos reales, enterrar la causa y la totalidad de las pruebas recopiladas durante la misma.

Marta Nercellas, abogada de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, calificó la sentencia de «paso histórico», mientras el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, insistió en que el objetivo del fallo es que «la impunidad no quede como respuesta del Poder Judicial».

De acuerdo a la Corte, las pruebas y el material recopilado por Galeano tienen validez hasta la fecha en la que se prueba que el magistrado comenzó a actuar de forma arbitraria o, según sus propios términos, se advierte su «falta de neutralidad a través de hechos concretos», en alusión al pago de sobornos y otras irregularidades registradas durante la instrucción. No obstante, el alto tribunal asegura que «no por ello debe concluirse que su actividad anterior deba ser descalificada». De este modo, los magistrados consideran que se debe reactivar el proceso y exigen que se dedique «el mayor de los esfuerzos en la recolección de evidencias».

La causa AMIA originalmente estuvo en manos del juez federal Juan José Galeano, pero una vez destituido éste, en agosto de 2005 pasó a manos de otro juez federal, Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Alberto Nissman, sin que hasta la fecha se haya logrado esclarecer la autoría del atentado. Tampoco hay un solo detenido, aunque la Fiscalía solicitó a Interpol la captura internacional de siete sospechosos, entre éstos varios miembros de la Embajada iraní en Buenos Aires cuando se cometió el atentado.

Del Gobierno Menem

Galeano investigó la denominada «pista iraní» que involucraba a miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de Irán y presuntas conexiones locales, en especial con la Policía, de los terroristas. El fallo que anuló las diligencia de Galeano y que ahora desestima la Corte, denunciaba a ministros del Gobierno de Carlos Menem, como el titular de Interior, Carlos Corach, y el responsable del servicio de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, por su presunta participación en el ocultamiento de los hechos.

Fuente: abc.es