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Un muerto, dos heridos graves y 600.000 euros en daños materiales es la deuda que ETA deja en Cantabria tras el atentado del pasado lunes, cuando un coche bomba estalló frente al Patronato Militar de Santoña. Apenas ocho horas después de la explosión, se instaló en el Palacio de Manzanedo la oficina de atención a los afectados. Desde entonces, allí se han tramitado 152 denuncias, 56 expedientes y 250 solicitudes de información. La mayor parte de los destrozos se registraron en viviendas, con rotura de vidrios, carpinterías metálicas, falsos techos, escayolas y algún tabique. De momento no se han presentado reclamaciones por daños en vehículos.

En Santoña se ha seguido el procedimiento habitual en estos casos, como ayer señaló la subdirectora general de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior, Sonia Ramos. Este departamento, creado en 2006, es «uno de los más avanzados de Europa, ya que en España se vive el fenómeno del terrorismo con mucha más intensidad que en otros países», explicó Ramos.

Tras un atentado se pone en marcha una maquinaria cuyos engranajes se manejan a dos manos, entre los ministerios de Economía e Interior. Del primero depende el Consorcio de Compensación de Seguros, la herramienta estatal que permite indemnizar a los afectados, no sólo por ataques terroristas, sino también por catástrofes naturales, entre otros. El subdirector de Tasaciones de esta institución, Alfonso Manrique, visitó ayer Santoña y cifró en 600.000 euros las previsiones de los daños materiales, sin contar los destrozos que el coche bomba produjo en el Patronato Militar.

Las solicitudes de compensación que presentan los afectados se dividen en dos: las que incluyen un seguro de los bienes dañados y las que no. Las primeras -en Santoña un 90% de las registradas- se gestionan directamente por el Consorcio, que cubre hasta el límite de las pólizas, mientras que las segundas se rebotan a Interior, encargado de cubrir esas perdidas. «El objetivo es que todo el mundo reciba la compensación en el plazo más breve posible», señaló Sonia Ramos. En ambos casos, el plazo medio de la ayuda es de tres meses.

En el caso de arreglos urgentes, los propios afectados pueden adelantar los gastos, que serán reembolsados posteriormente. El Gobierno central tiene potestad para contratar los servicios de reparación a una empresa o firmar un convenio con el ayuntamiento de la localidad donde ocurre el atentado, aunque en el caso de Santoña esta última opción parece «poco probable», señaló Sonia Ramos.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, aclaró que los peritos comenzarán a tasar los daños en el Patronato el próximo lunes, y que aún se desconoce el estado de la estructura del edificio. «En cualquier caso, va a ser restaurado y queremos que en 2009 vuelva a desarrollar su actividad normal», aseguró Ibáñez.

La oficina continuará abiertahasta mañana, viernes, a las 14.00 horas. A partir de ese momento se podrán seguir presentando las denuncias y los expedientes en el Registro de Santoña, Delegación del Gobierno y cuarteles de la Guardia Civil. Para los no asegurados, ese plazo concluye en un año, y se amplía a dos para los que cuenten con póliza.